El jueves 14 de septiembre de 2023, la Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado, confirmó que le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la imputación por crímenes de lesa humanidad a los máximos comandantes del Bloque Noroccidental de las Farc.
De acuerdo con la información que compartió el Ministerio Público, los crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentran esclavitud, violencia sexual, tortura y desaparición forzada, fueron cometidos contra menores de edad, mujeres y ancianos.
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La solicitud por parte de la Procuraduría a la JEP llegó luego de que se conociera un documento de observaciones relacionadas con el macrocaso 01, subcaso Bloque Noroccidental de las Farc, compartido por el Ministerio Público a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Justicia Especial para la Paz.
En el documento, el delegado Jairo Acosta Aristizabal aseguró que existe la necesidad de que las víctimas con enfoques diferenciales, entre las que se encuentran, por ejemplo, niños, personas de la tercera edad y mujeres, sean exaltados.
“Niños secuestrados, personas de la tercera edad o en condición de vulnerabilidad fueron privadas de su libertad en formas crueles e inimaginables. Se han convertido en caminantes perpetuos, siguen reclamando restitución de tierras o indemnizaciones: reclaman lo que es suyo. El riesgo ante esta deuda, aún vigente, es que como sociedad y Estado volvamos a fallarles”, explicó el delegado Acosta.
De acuerdo con la investigación que se viene adelantando desde la Procuraduría, luego de escuchar las versiones de los comparecientes y las víctimas que decidieron contar su experiencia y que se relacionaron en el expediente, se logró identificar 454 hechos cometidos por el Bloque Noroccidental de las Farc en los que se conocieron, al menos, 1.200 víctimas.
En el documento se conoció que las víctimas están distribuidas en “167 mujeres, 895 hombres, tres personas con orientación sexual e identidad de género diversa y al menos 38 niños, niñas y jóvenes”.
Los crímenes que más se repiten tras la investigación son los de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes correspondientes a 134 víctimas; como también, el homicidio de 66 personas.
“En cuanto a las formas de ejecución de los secuestros, el 36 % se ejecutaron bajo la modalidad de retención en vías, mientras que un 17,84 % fue invasión a la propiedad privada”
También, se conoció la distribución geográfica en los que el actuar del grupo subversivo dejó la mayor cantidad de víctimas secuestradas: “Tierralta (123), Jardín (49), Mutatá (48), Quibdó (44), Dabeiba (40), Samaná (38), Medellín (35) Guatapé (34) y Sonsón (30), siendo Antioquia, Córdoba y Chocó, los departamentos más afectados”.
En otros casos, la Procuraduría también logró estableces víctimas que fueron obligadas a trabajar de forma forzosa, por lo que le solicitó a la JEP que el crimen de esclavitud sea incluido en la imputación, puesto que, el Ministerio Público llegó a la determinación de que fue un patrón que ocurrió en todo el territorio colombiano.
La solicitud por el crimen de tratamiento cruel e inhumano está argumentado en el ejemplo de la víctima identificada en los archivos como OJDC quien fue utilizado por el Bloque Noroccidental de las Farc como escudo humano, y posteriormente, abusado sexualmente.
“Los asesinatos fueron unos de los más recurrentes, con por lo menos 15 casos donde las víctimas fueron ejecutadas. Entre estos últimos se encuentran, por ejemplo, el caso de la alcaldesa de Marquetalia, Caldas, quien fue asesinada y ultrajada por varios hombres armados después de que celebrara una reunión política en una escuela veredal”
En su análisis, el Ministerio Público explicó que existió un patrón particular en el actuar del Bloque Noroccidental, que dejó como consecuencia el “homicidio como un tratamiento recurrente de víctimas de secuestro”.
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