Defensoría del Pueblo alertó por baja atención a población migrante en el sur del país

Luego de instalar una mesa de trabajo con líderes migrantes y funcionarios de la Secretaría de Salud de Nariño, la Defensoría del Pueblo mostró preocupación ante la baja atención a la población migrante en el sur del país.

La delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales y la Regional Nariño, socializó las problemáticas para el acceso a derechos de los migrantes y encontró ocho municipios nariñenses que no cuentan con un escenario interinstitucional creado para la gestión de la migración internacional.

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Lo anterior se evidenció específicamente en la vía Panamericana, que se ubica entre Popayán (Cauca) y Pasto (Nariño) y en donde se registra gran flujo de migrantes. De acuerdo con el reporte de la Defensoría, los municipios que no cuentan con suficiente atención por parte del Gobierno son: Taminango, Chachagüí, Pasto, Tangua, Contadero, Iles, Imués e Ipiales.

“Ninguna de estas poblaciones cuenta con cifras consolidadas sobre migrantes, refugiados y connacionales retornados, tanto de tránsito como con vocación de permanencia. Los datos que tienen, refieren algunos casos puntuales en lo relacionado con la vinculación a la seguridad social en salud”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la atención de niños y adolescentes migrantes “está desbordada”. No obstante, y según un reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), desde el 2021 hasta la fecha habría atendido únicamente a seis menores en el municipio de Taminango.

Adicionalmente, fueron reportados altos niveles de ausencia y desescolarización de esta población. La entidad encontró que esta situación obedece a la precariedad económica de sus familias, la desestabilización y la constante migración.

Sobre los ocho municipios mencionados, desde la entidad indicaron que no cuentan con capacidad de respuesta para la atención de la población migrante en tránsito y con vocación de permanencia. “Sus dificultades pasan por lo presupuestal y la capacidad técnica del recurso humano, especialmente en la disponibilidad de albergues, seguridad alimentaria, saneamiento, higiene, acceso al agua potable, entre otros servicios de asistencia humanitaria”, dijo Camargo Assis.

La Defensoría advirtió que Taminango requiere urgencia en la atención del Gobierno, pues este municipio tienen alto riesgo de violencia por cuenta del conflicto armado, lo cual hace necesaria la protección internacional de la población migrante.

Se evidenciaron problemas de convivencia entre la población migrante y las comunidades de acogida. Según la Defensoría, en los municipios de Taminango y Chachagüí hay contaminación por aumento y mal manejo de las basuras, así como la realización de necesidades fisiológicas a campo abierto, lo cual genera diferencias entre las comunidades y turistas.

Además, hay percepción del incremento en hurtos, daños a propiedades, incendios por fogatas, riñas, presunto robo de mascotas y amenazas en contra de las migrantes.

Finalmente, se identificaron factores como el consumo de sustancias psicoactivas —frente a los cuales hay vacíos en cuanto a una respuesta institucional—, un escenario de permanencia y situación de calle en la que terminan algunos migrantes, la mendicidad y el trabajo infantil.

Desde la Defensoría del Pueblo reiteraron la necesidad de garantizar los derechos humanos de la población migrante en el país, por eso, está evaluando interponer acciones jurídicas para cumplir con este propósito.

“Con nuestras Delegadas para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y Regional Nariño elaboraremos un diagnóstico para presentarlo en la próxima sesión ordinaria de la Mesa Departamental de Migraciones. Estamos, igualmente, evaluando la posibilidad de interponer acciones constitucionales para que la población migrante sea protegida como lo ordena la normativa colombiana”, recalcó Carlos Camargo Assis.