La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial expresó a través de un comunicado su apoyo a la jueza de Instrucción de esa entidad frente a los cuestionamientos públicos emitidos por otras autoridades, como la Fiscalía General, que aseguró que ellos debían investigar los hechos ocurridos en Tierralta.
En el mismo comunicado se señala que “este respaldo surge tras la apertura de una investigación preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad especial (artículo 165 de la Ley 1407 de 2010), en el que podrían haber incurrido miembros del Ejército Nacional el pasado 11 de septiembre en la vereda Bocas del Manso, ubicada en Tierralta (Córdoba)”.
Al mismo tiempo, observó que su actuación obedece al ejercicio legítimo de la acción penal por parte de la Jurisdicción Especializada, y debido a que los hechos pudieron ser cometidos “por miembros de la Fuerza Pública y en relación con el mismo servicio”. Lo que permite verificar que no se trataría de una “intromisión” arbitraria en las competencias de la jurisdicción ordinaria.
Lo anterior, enfatiza la unidad de la Justicia Penal Militar y Policial, sin perjuicio de que en curso de la investigación pudiera verificarse que los hechos sean ajenos al ámbito funcional de la fuerza pública y se ponga en duda la competencia de la jurisdicción castrense, y conforme lo dispone la ley y lo ha desarrollado la jurisprudencia, haya que remitirse la actuación a la jurisdicción ordinaria.
“Pero para efectuar tales valoraciones se requiere tener un mínimo de conocimiento procesal, siendo necesario adelantar por lo menos una investigación preliminar, lo que en sí mismo no conlleva ningún grado de impertinencia”, resaltó el comunicado.
Por eso invitó a materializar el principio de colaboración armónica entre las instituciones y a que cada quien, desde sus competencias, realice de buena fe las acciones que legítimamente le corresponden, en aras de encontrar la verdad y dispensar justicia.
Por último, subrayó que esto debe hacerse “sin descalificaciones y palabras altisonantes, que ningún beneficio otorgan a la institucionalidad. Si persisten diferencias a tramitarlas inteligentemente, por los cauces previstos en la ley; para el caso,por vía del conflicto de jurisdicciones”.
En primera instancia la Justicia Penal Militar había comunicado que “una juez de Instrucción Penal Militar abrió indagación preliminar para establecer la presunta participación de miembros del Ejército Nacional en esta acción violenta. La investigación fue abierta este miércoles 13 de septiembre bajo radicado número 298-J101IPM, por el delito de abuso de autoridad especial. Al lugar de los hechos se desplazó la juez del caso para practicar las pruebas correspondientes”.
Lo que había dicho la Fiscalía
Esta aclaración de la Justicia Penal Militar sobresale después de que el fiscal Francisco Barbosa había afirmara que el proceso investigativo y penal está a cargo de la Fiscalía General como única autoridad competente.
La Fiscalía General de la Nación también avanza en las investigaciones para esclarecer este hecho, que no deja de generar indignación en el país. El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que 30 soldados de la Décima Primera brigada serán llamados a rendir indagatoria, además de dos suboficiales y un oficial.
Así mismo, apoyó las declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro sobre este episodio y también afirmó: “no podemos permitir una reparamilitarización del país”.
“El presidente de la República señaló que volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería un error militar de la Fuerza Pública y dice que eso no puede pasar en su Gobierno, estoy de acuerdo. Sería muy grave que en el Gobierno de Gustavo Petro se paramilitarizara el país”, agregó Barbosa.
Y concluyó que “la investigación la hará la Fiscalía General, y no vamos a permitir tampoco que la Jurisdicción Penal Militar se entrometa en una investigación que tiene que ver con los derechos humanos de las poblaciones rurales de este país”.