La percepción de inseguridad, de la que se hablaba al inicio de la administración de la alcaldesa Claudia López, hoy dejó de ser percepción y se convirtió en una realidad que aqueja a millones de capitalinos que piden a gritos medidas de protección en sus barrios, parques, sitios de trabajo y para el sistema de transporte pública, TransMilenio.
Aunque el más reciente informe de seguridad da alientos, porque ocho delitos de alto impacto disminuyeron; en el día a día las personas sienten que muchas veces los resultados se quedan solo en estadísticas y no en hechos reales, puesto que denuncias de robos, atracos, extorsiones, entre otros, son masivamente visibilizadas en redes sociales y medios de comunicación.
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Es por ello que, desde el Concejo de Bogotá algunos cabildantes le hacen seguimiento a temas que ayudarían, si funcionaran las cosas como debiera ser, a que en Bogotá los ciudadanos volvieran a sentirse con garantías en la calle.
La concejal Diana Diago del Centro Democrático, ante la situación tan dramática, que, según ella, se vive en la ciudad y en especial en TransMilenio, solicitó información del plan de seguridad al interior del sistema de transporte.
Diago, que es de oposición a la administración actual, aseguró que encontraron que hay un déficit de personal para cubrir las 159 estaciones del sistema, ya que por estación solo hay entre uno y dos guardas de seguridad, aproximadamente.
“Dentro del documento se encontró que la empresa TransMilenio suscribió un contrato cuyo objeto es la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada con la Sociedad de Comisionista de bolsa Correagro S.A. por 12 meses”, explicó.
Asimismo, que en el contrato se destinaron casi $33.000 millones para personal de vigilancia.
“Increíble que Claudia López y el gerente de TransMilenio, Orlando Cely, gastaron 33.000 millones de pesos para la vigilancia de las estaciones, pero la ciudadanía no lo siente. ¿Será que tres funcionarios de vigilancia privada tienen la capacidad de brindar seguridad a una estación como la de la avenida Jiménez, que es la más peligrosa del sistema?”, criticó.
A su vez, pidió al gerente que le exija al contratista que fortalezca el número de personal, así como los medios tecnológicos para que sean efectivos.
La concejal del Centro Democrático también aclaró que el personal de dicho contrato tiene como funciones: supervisar los portales, las porterías vehiculares, los vagones, las escaleras, rampas y ascensores.
Y que, además, cuentan con guarda canino especializado y supervisores motorizados.
“De acuerdo con el contrato, una de las funciones del personal es restringir el ingreso de las personas que evaden el pago del pasaje, sin embargo, la realidad es otra. Los colados continúan abusando del sistema, no existen estrategias contundentes para frenar la evasión del pasaje”, añadió.
Los cuestionamientos también los dirigió hacia la alcaldesa, pues sostiene que ella no edificó una estrategia acorde con las necesidades del sistema, porque la calidad del servicio sigue siendo muy mala y la confianza ciudadana cada día está deteriorada.
“Se sigue evadiendo el pasaje y el personal de vigilancia no es suficiente. Sin embargo, el contrato se hizo por 33.000 millones de pesos, ¿qué pasa con estos recursos? Alcaldesa, gerente de Transmilenio, hagan algo, aún les quedan tres meses de gobierno, los ciudadanos quieren resultados”, aseveró.
Finalmente, Diago envió una queja formal a los entes de control para que pongan la lupa a este tipo de contratos e hizo un fuerte llamado de atención a la alcaldesa y al gerente de TransMilenio para que “fortalezcan de manera urgente las estrategias para evitar los colados y garanticen la vigilancia en las estaciones del sistema”.
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