Diez militares involucrados en la intimidación a la comunidad de Tierralta, Córdoba, fueron separados de sus cargos

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, anunció que diez militares que están comprometidos con las intimidaciones a los habitantes de Tierralta, Córdoba, ya fueron separados de sus cargos.

“Son diez los militares comprometidos, quienes se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que se ha podido identificar”, dijo el oficial.

De esta manera, los presuntos responsables de las intimidaciones a los pobladores de la vereda de El Manso no podrán volver a portar sus armas, mientras que los mandos de la unidad no podrán volver a ejercer actividades de liderazgo dentro de las fuerzas armadas colombianas.

Por lo pronto, según manifestó el general Ospina, la investigación disciplinaria por las conductas de los uniformados estará a cargo de la Procuraduría General de la Nación, mientras que la Justicia Penal Militar se encargará de la investigación por los delitos de abuso de autoridad especial en averiguación de responsables.

“En igual sentido, y al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, este comando entiende que, según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación”, agregó el comandante del Ejército.

El hecho se conoció por un video que circula en redes sociales en el que se puede observar a un grupo de por lo menos 10 hombres que irrumpe en la vereda El Manso, en cercanías al embalse de Urrá, y apunta con sus armas directamente al grupo de campesinos, incluyendo a madres con niños de brazos. De hecho, una de ellas se enfrentó sin armas a los soldados en medio del llanto de varios menores.

“¿Les parece justo amenazarme con una pistola teniendo yo a mi hija en brazos? Son unos criminales, eso es lo que son y se pueden reír todo lo que quieran”, expresó la mujer mientras los encapuchados se retiraban del lugar. También quedaron expuestos los reclamos de otros habitantes que exigieron a los invasores identificarse.

Aunque inicialmente se especuló con que los hombres armados serían miembros de las disidencias de las Farc, horas más tarde empezó a circular la versión de que en realidad se trataría de militares haciéndose pasar como subversivos.

Esas sospechas empezaron cuando las tropas del Ejército llegaron a la zona para atender la emergencia e identificaron a soldados que, al parecer, pertenecían al Batallón de Infantería N.33 “Batalla de Junín” de la Décima Primera brigada.

La Fiscalía General de la Nación también avanza en las investigaciones para esclarecer este hecho que no deja de generar indignación en el país. El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que 30 soldados de la Décima Primera brigada serán llamados a rendir indagatoria, además de dos suboficiales y un oficial.

El fiscal agregó que la entidad no dejará de cumplir con sus funciones constitucionales a pesar del grave hecho presentado en la vereda El Manso, de Tierralta, Córdoba.

Así mismo, apoyó las declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro sobre este episodio y también afirmó: “no podemos permitir una reparamilitarización del país”.

“El presidente de la República señaló que volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería un error militar de la Fuerza Pública y dice que eso no puede pasar en su Gobierno, estoy de acuerdo. Sería muy grave que en el Gobierno de Gustavo Petro se paramilitarizara el país”, agregó Barbosa.

Por otra parte, aseguró que no permitirá que la Justicia Penal Militar intervenga en las investigaciones que deba adelantar la Fiscalía. “He venido insistiendo durante este año, que no le corresponde al Ejecutivo hacer investigaciones judiciales de ningún tipo. La investigación la hará la Fiscalía General de la Nación, y no vamos a permitir tampoco que la Jurisdicción Penal Militar se entrometa en una investigación que tiene que ver con los derechos humanos de las poblaciones rurales de este país”, dijo.