La Procuraduría General de la Nación inició una investigación en el departamento de La Guajira, donde se sospecha que políticos y funcionarios habrían participado en un supuesto esquema de corrupción relacionado con las pensiones.
Estas acciones podrían tener un impacto significativo en las finanzas públicas y la administración del departamento. Según los informes, las investigaciones se centran en eventos ocurridos durante el mandato de José Jaime Vega como gobernador (e) de La Guajira.
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La situación se remonta a la destitución de Nemesio Roys, que fue gobernador de La Guajira y luego fue reemplazado por José Jaime Vega. Durante el tiempo en que Vega estuvo a cargo, surgieron preocupaciones sobre ciertos movimientos relacionados con las pensiones que ahora están bajo escrutinio.
Se sospecha que estos movimientos podrían estar vinculados a actos de corrupción y al desvío de fondos públicos del departamento o el mal llamado ‘carrusel de las pensiones’.
En un ejemplo citado en los informes y revelado por Semana, se menciona que, bajo la firma del exgobernador (e) José Jaime Vega y con la participación de otros funcionarios, se autorizó el pago de una suma cercana a los 700 millones de pesos por la liquidación de una pensión.
Sin embargo, se cree que este caso es solo la punta del iceberg, ya que se sospecha que existen numerosos casos similares.
El contador Luis Alonso Colmenares es la persona que sigue de cerca este asunto y señaló para el medio mencionado que se han realizado pagos significativos en concepto de reliquidaciones de pensiones, pero la validez de estos requerimientos está en tela de juicio, puesto que se argumenta que se basaron en decisiones judiciales cuestionables.
Como contexto, Luis Alonso Colmenares es el padre Andrés Colmenares, joven que murió el 31 de octubre de 2010, justo en una fecha de Halloween, después de asistir a una fiesta con algunos de sus amigos. Un caso que fue reconocido a nivel nacional.
En cuanto a las irregularidades de las pensiones en ese departamento, las autoridades competentes, incluida la Procuraduría, ahora están llamadas a investigar estas transacciones y verificar su legitimidad.
De esta manera, el Ministerio Público emitió once solicitudes de información relacionadas con los movimientos y las liquidaciones de pensiones que ocurrieron entre 2019 y 2023. También solicitaron los extractos bancarios de las cuentas que manejaron los recursos de pensiones provenientes del Sistema General de Participaciones.
“No sobra advertir que, de conformidad con lo señalado en el artículo 189 del Código Disciplinario, la obligación de entregar los documentos contentivos de las pruebas decretadas en los procesos disciplinarios recae sobre el representante legal de la entidad a la que se solicita la información”, mencionó la Procuraduría.
El abogado Colmenares expresó su preocupación por la aparente malversación de recursos en La Guajira y subrayó la importancia de que se proceda a una investigación exhaustiva para identificar posibles responsabilidades y destacó que estos recursos son esenciales para impulsar inversiones sociales en el departamento, lo que hace que la situación sea aún más crítica.
“Recursos es lo que tiene el departamento, pero es que allá todo se lo roban. Los políticos allá no aspiran para gobernar, pero si no, que los elijan para robar. Lo único que no se han robado es el aire y la luz del sol”, dijo Colmenares para Semana.
La destitución de Nemesio Roys por parte del Consejo de Estado y su reemplazo por un gobernador encargado podrían haber proporcionado una oportunidad para realizar estos reconocimientos de pensiones, aunque su validez está en entredicho.
De esta manera, la investigación en curso determinará si estas acciones fueron legales y quiénes podrían ser responsables de cualquier irregularidad.
Hasta el momento, el exgobernador (e) de La Guajira José Jaime Vega no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre este asunto.
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