Había tensión entre el Gobierno nacional y la Federación colombiana de Ganaderos, Fedegán, por cuenta de dos proyectos de decreto del Ministerio de Agricultura para la implementación de la reforma agraria, con la que la Administración de Gustavo Petro espera comprar 1,5 millones de hectáreas.
El primer proyecto se refiere, entre otros temas, a la extinción de dominio, y el segundo habla de promover la movilización y organización campesina, creando espacios de participación, planeación, gestión.
Para limar asperezas, el presidente del gremio, José Félix Lafaurie, se reunió con la ministra de agricultura, Jhenifer Mojica, y con algunos miembros de la comisión de paz del Senado.
“Esta vía del diálogo nos va a permitir, con el acompañamiento de la comisión y del mecanismo de seguimiento al acuerdo, el consenso y la construcción de consensos sobre los proyectos de decreto que estamos realizando. Esto sumado a que también venimos generando diálogos con la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y con los distintos actores, tanto en el Congreso como de la sociedad civil”, declaró la ministra Mojica tras el encuentro.
Además, hizo un llamado a la comunidad nacional para dirimir todas las diferencias sobre la agenda política a partir del diálogo y del trabajo en conjunto, por la intención de lograr un país en donde el agro sea el eje del desarrollo.
De igual forma, aclaró que el acuerdo de compra de tierras con Fedegán se mantiene y que se está explorando la posibilidad de generar un esquema de integración del sector ganadero para la ganadería sostenible y el arreglo silvopastoril.
Por su parte, Lafaurie aseguró que el gremio que preside “no es enemiga de los labriegos. Por el contrario, 553.000 pequeños ganaderos son campesinos, muchos de ellos, con tierra insuficiente”. Así mismo, se sumó al llamado de la ministra y aseguró que con la permanente asistencia y apoyo de la comisión se llegarán a concertar medidas que son claras.
Adicionalmente, destacó que “cuando el gobierno me invitó a firmar un gran acuerdo de tierras, no tuve reparo alguno. Por el contrario, he venido apoyando al Gobierno a lo largo de casi un año para que ese propósito del gobierno pueda salir adelante”, y destacó dos elementos clave con los que ha apoyado la reforma agraria: que haya tierras para que los campesinos puedan tener títulos de propiedad, y que puedan tener proyectos productivos que dignifiquen su condición y puedan ser un motor de desarrollo en las regiones del país.
“Creo que el apoyo de la Comisión de Paz será clave para poder concertar dos decretos que, evidentemente, han puesto en riesgo la propiedad privada. Eso lo vamos a discutir de la misma manera como vamos a discutir el tema de las movilizaciones”, destacó además el dirigente gremial.
Agregó así mismo que “hoy Colombia tiene un presupuesto a través del planteamiento del gobierno de fondo, que es firmar acuerdos de paz con los diferentes grupos armados y, obviamente, no vale la pena generar mayor conflictividad en la tierra, sino avanzar en un modelo de trabajo”.
¿Cuál era la polémica?
Lafaurie le había enviado una carta al presidente Gustavo Petro en la que expresaba su preocupación por los proyectos de decreto, dado que para él iban en contravía a lo pactado entre Fedegán y el Gobierno nacional para facilitar la oferta de tierras y además ponían en riesgo la propiedad privada.
Sobre el primer proyecto, que reglamenta el artículo 61 del Plan de Desarrollo (PND), el líder gremial aseguró que elimina las garantías judiciales de extinción de dominio al convertirlo en un proceso administrativo por no tener la intervención de un juez.
Respecto al segundo, que es un llamado a la movilización campesina, sostuvo que es un mal mensaje que el Gobierno la promueva vía decreto. “¿Para qué promover la movilización campesina, cuando se conocen los riesgos de su instrumentalización por parte de grupos armados ilegales que detentan el control territorial y social en muchas regiones?”, dijo Lafaurie en su carta.