Defensoría del Pueblo advirtió sobre posible vulneración de derechos en proyecto de decreto que introduce la figura de ‘expropiación exprés’

La propuesta del Gobierno de Gustavo Petro, que pretende incorporar nuevamente la figura de la expropiación expres, ha causado polémica en distintos sectores del país.

El proyecto de decreto con el que esta figura cobraría vida propone que los bienes que pertenecieron en algún momento al narcotráfico, y que ahora están en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), puedan volverse productivos.

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La idea del Gobierno es que, si un predio es declarado propiedad pública del Estado, este puede expropiarlo y consignarle el valor catastral de la tierra al dueño, con derecho de este último de apelar.

Ante esta propuesta, la Defensoría del Pueblo se pronunció advirtiendo la posible vulneración de derechos en que incurre el proyecto de decreto reglamentario que modifica y adiciona el Decreto 1071 de 2015 sobre los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria y sus procedimientos.

“Desde la discusión del Plan Nacional de Desarrollo hemos advertido la intención por parte del Gobierno nacional de introducir lo que se denominó ‘expropiación exprés’, y fue desestimada por el Congreso. Ahora, el Ministerio de Agricultura, mediante este proyecto de decreto reglamentario, revive un tema cuya inconveniencia ya fue definida por el poder Legislativo al determinar que se vulneraban derechos. Es por esto que hoy pedimos mesura y apego a la legalidad”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado la forma como deben ejercerse las facultades reglamentarias atribuidas al poder Ejecutivo y sus límites.

De acuerdo con lo que destaca la Defensoría del Pueblo, la jurisprudencia de las altas cortes destaca el carácter complementario de las facultades del poder Ejecutivo, sin que esto suponga una licencia o extensión legislativa de esas facultades para la reglamentación de leyes, y ha señalado la reserva legal que existe en materia de regulación de procedimientos administrativos sancionatorios.

Es en esta línea, la entidad advierte que el proyecto de decreto que reglamentaría la denominada expropiación exprés, excedería las facultades atribuidas al poder Ejecutivo y en particular, las otorgadas para la expedición del acto administrativo que se pretende implementar.

“Si bien las regulaciones que adicionaría este decreto se relacionan con adoptar mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria, como también los procedimientos para la negociación directa y compra de la tierra, lo que en principio resultaría atendible, esto se desdibuja en el proyecto cuando advertimos una ausencia importante de fundamentos legales, pues para definir estas regulaciones no solo es determinante lo dispuesto por el Plan de Desarrollo vigente, sino también los aspectos constitucionales, los contenidos en el Acuerdo de Paz y los desarrollos legislativos, que son el marco regulatorio y normativo”, añadió el Defensor del Pueblo.

Otro de los puntos que motiva a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse sobre la legalidad de este proyecto de decreto, es el relacionado con el reajuste de la figura y el procedimiento administrativo de extinción de dominio, así como la inclusión de la figura de enajenación voluntaria por la no explotación y las alternativas de explotación.

La entidad afirma que, si bien la iniciativa parece tener la intención de adaptar estas figuras y procedimientos a la aplicación de categorías relativas a la responsabilidad ambiental sobre la tierra y su explotación, la propuesta debe fundamentarse en regulaciones legales existentes. Algo que está respaldado jurisprudencialmente.

Las normas reglamentarias, como lo sería este decreto, no pueden estipular los aspectos esenciales de la regulación, solo podrían desarrollarla o precisarla, en este caso, porque los procedimientos administrativos en cuestión pueden afectar el derecho de propiedad.

“En este orden de ideas, advertimos que, en caso de ser presentado, este decreto podría ser declarado inexequible e inconstitucional por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, al incurrir en la ‘prohibición de deslegalización’ de temas con reserva de ley, como está estipulado en su jurisprudencia, y podría ser declarado nulo, previa suspensión de sus efectos, sin perjuicio de los demás controles que las otras instancias judiciales competentes tienen la posibilidad de ejercer”, señaló el Defensor del Pueblo.

La Defensoría consideró pertinente realizar un análisis para determinar cuáles contenidos del proyecto de decreto deben ser tramitados directamente por el Congreso, y cuáles podrían eventualmente ser desarrollados por el poder Ejecutivo mediante facultades extraordinarias que el mismo Congreso decida otorgar, para definir el alcance de su facultad reglamentaria.

Para la entidad, el proyecto de decreto superaría esta facultad o la excedería porque sumaría modificaciones adicionales no previstas en el artículo 61 de la ley que reglamenta el Plan de Desarrollo, ni en los artículos 58 al 62 de la Ley 160 de 1994, que posteriormente fue modificada por el Decreto-Ley 902 de 2017. Estas modificaciones se relacionan con temas sujetos a reserva legal, que en consecuencia son de competencia exclusiva del Congreso.

“Quiero reiterar la importancia de atender estas observaciones para que se revise si este decreto sería o no legal a la luz de las afectaciones que podría ocasionar a los derechos de quienes han adquirido sus bienes y los explotan de conformidad con la normativa vigente. Por este motivo, implementaremos a partir de la fecha unas mesas regionales de discusión para examinar la política de tierras y reforma rural integral. Invito a las comunidades en los territorios a formar parte de estos espacios de diálogo”, concluyó el Defensor del Pueblo.