Archivaron proyecto que buscaba someter a examen médico anual a Gustavo Petro

En una decisión que causó controversia en las redes sociales, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes archivó el martes 12 de septiembre de 2023 el proyecto de ley que buscaba que tanto el presidente de la República como otros funcionarios elegidos por voto popular se sometieran a un examen médico anual, para determinar sus condiciones de salud.

Lo anterior, tras las informaciones sobre presuntas patologías del mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, lo que puso la lupa en su estado de salud y si, en consecuencia, estaba capacitado para ocupar el cargo. Y los constantes incumplimientos de la agenda del gobernante, que en tan solo sus primeros 13 meses de mandato ya superaban los 90 episodios.

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La iniciativa, radicada por el representante cesarense Carlos Felipe Quintero, del Partido Liberal y en la que también se pretendía que alcaldes y gobernadores presentaran dicho examen, no contó con los votos necesarios para su trámite en la corporación, por lo que se desestimó y se archivó; en lo que podría considerarse un duro revés para los sectores opositores al presidente.

El defensor del proyecto de ley había manifestado que la intención del proyecto era establecer, mediante la ley, un dictamen médico de manera integral, para todos aquellos funcionarios que ocupen cargos unipersonales, que resulten elegidos democráticamente, con el ánimo de conocer si no solo su estado físico es el ideal, sino también la condición mental.

En el articulado de la propuesta se establecía que dicha valoración, efectuada por profesionales de la salud, debía hacerse de forma inicial un mes después de que la persona elegida tomara posesión del cargo. Y, desde entonces, tendría que practicárselo año a año, con el pleno conocimiento no solo de sus electores, sino de toda la ciudadanía.

Al ser un proyecto de ley estatutaria y no obtener la mayoría absoluta, pues obtuvo 20 votos de los 21 que necesitaba, frente a 16 que rechazaron la proposición, la propuesta se envió a su respectivo archivo.

Además de que no contó con los votos requeridos para que pasara a la plenaria de la Cámara, representantes afines al presidente Petro, como el representante Pedro Suárez Vacca, exjuez de Tunja (Boyacá) vinculado al Pacto Histórico, fue uno de los que se opuso a la aprobación del proyecto de ley, debido a que lo consideraba una violación de los derechos fundamentales.

“Solicitamos que se archive esta iniciativa legislativa que podría dar lugar a una discriminación evidente entre los funcionarios públicos elegidos en función de su estado de salud”, argumentó Suárez Vacca, a través de su cuenta de X (Twitter).

De acuerdo con el legislador, obligar a los funcionarios a someterse a un examen médico anual plantea una invasión de la privacidad y el consentimiento informado, innegociables del ser humano. “Cuando se hace referencia a datos sensibles, se hace referencia a que la información debe ser privada”, añadió en su postura, la cual tomó fuerza dentro de la comisión.

Además del soporte jurídico de su posición, en relación con los conflictos que existirían con el derecho a la igualdad y no discriminación, según lo expuesto en la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013. Tesis que compartió el representante David Racero, expresidente de la Cámara, que también se mostró contrario al proyecto de ley.

“Debemos defender el derecho del voto popular. Este proyecto expone la intimidad contenida en las historias clínicas de los funcionarios públicos, información que es de carácter reservado”, recalcó Suárez Vaca en su exposición, acerca de la iniciativa que, tal y como estaba proyectado, no tendría respaldo mayoritario en la Comisión Primera.