Alertaron que billonaria deuda del Gobierno con las droguerías del país podría afectar el suministro de medicamentos

En carta dirigida al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, solicitó estudiar la inclusión de recursos adicionales destinados al pago de las deudas y pagos pendientes a los gestores farmacéuticos, encargados de la dispensación de medicamentos e insumos, no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

El dirigente gremial explicó que esta solicitud obedece a que, a la fecha, los gestores agremiados en Fenalco, que son las cadenas de droguerías del país y le suministran los recursos a las IPS y EPS, cuentan con un saldo pendiente de pago de más de un billón de pesos.

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Aunque el presidente del gremio aclaró que el Gobierno hizo pagos, estos solo cubren el 80% del valor de los servicios prestados, generando un déficit del 20%, lo que incrementó el valor pendiente de pago.

Adicionalmente, Cabal anotó que la falta de ajustes presupuestales para 2022 y 2023 generó un desfase, lo que hace que los recursos sean insuficientes para cubrir los gastos generados en la dispensación de medicamentos e insumos para la salud, que los gestores hacen de manera efectiva en beneficio de millones de colombianos.

Por último, Cabal hizo un urgente llamado a garantizar la liquidez en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss), lo que permitirá la operación correcta y oportuna de los gestores farmacéuticos, para los que además solicitó que se incluyan en las mesas de trabajo, tal como los otros gremios del sector, teniendo en cuenta la importancia de este segmento, que entrega los medicamentos en todo el territorio nacional.

Así mismo, pidió espacios de trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, que permitan construir soluciones rápidas y efectivas para esta difícil situación.

Las EPS Sanitas, Sura y Compensar alertaron que más de 13 millones de usuarios podrían verse gravemente afectados a partir de septiembre de 2023, si no se revisa con prontitud la designación de los recursos que el Ministerio de Salud destina para cubrir los gastos.

Así lo hicieron saber a través de una carta que fue enviada al Gobierno nacional en julio pasado, en el que advierten la crisis financiera por la que atraviesan las promotoras de salud.

“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y, así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”, se lee en el documento dirigido al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

En la carta firmada por Pablo Otero (gerente general de Sura), Juan Pablo Rueda (presidente de Sanitas) y Andrés Barragán Tobar (director de salud de Compensar) se le menciona al ministro que estas EPS requieren de tres reestructuraciones urgentes respecto a la regulación implementada por el Ministerio de Salud. En el primer caso, los ejecutivos determinaron que la unidad de pago por capitación (UPC), un pago anual que emite la cartera a las promotoras por cada afiliado, no es suficiente para cubrir los gastos en salud de los pacientes.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro desestimó las afirmaciones de las EPS sobre problemas de liquidez debido a los retrasos en los pagos por parte de la ADRES. A través de Twitter, el mandatario ha declarado que el sistema de salud está financiado hasta finales de este año. Además, ha señalado que el Gobierno ha aumentado el presupuesto del Ministerio de Salud en un 25 % para el año 2023.

En cuanto a la financiación del sistema, Petro ha enfatizado que el Gobierno elevó el valor de la Unidad de Capitación, que es la base de pago a las EPS multiplicada por el número de afiliados. Este aumento equivale al 16,2 % anual, superando significativamente la inflación del 11%. El presidente argumenta que este aumento en la financiación es evidencia de los esfuerzos del Gobierno por respaldar el sistema de salud.

Luego de que Compensar, Sanitas y Sura enviaron la carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtiendo los riesgos financieros que podrían entorpecer la prestación de los servicios de salud a los colombianos, la procuradora delegada para la Salud, Diana Margarita Ojeda, pidió el 22 de agosto al Ministerio de Salud, a través de un oficio de dos páginas, que en un plazo de cinco días hábiles, que se venció el 29 de agosto, entregue información precisa del valor asignado, y la fecha de pago a cada EPS de los recursos pendientes por girar.

En el oficio también advierte que se requieren medidas urgentes “de pago tanto en ajustes como en presupuestos máximos, así como en todas las demás deudas”. Sobre esto advierten que desde finales de 2022 el Ministerio Público le ha solicitado esta información al Ministerio de Salud, “no solo relacionados con Presupuestos máximos y ajustes, sino además con la insuficiencia de la UPC, ajuste de la UPC por perfil epidemiológico y otros pagos como recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades, así como procesos de compensaciones pendientes”.