La red de compra de votos que se lideró desde Casa Blanca, la sede de campaña de Aida Merlano en Barranquilla, no solo la benefició a ella, a su fórmula Lilibeth Llinás, sino también habría permitido la reelección de Arturo Char. Una reunión política en su casa y su cercanía con varios implicados, además del interés por regresar al Congreso son parte de los hechos que lo llevaron a estar recluido en la cárcel La Picota.
La Corte Suprema de Justicia señaló que hay indicios de un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en el Atlántico que posiblemente se materializó en octubre de 2017. El expediente señala que, para esa fecha, según reveló El Espectador, se realizó una reunión en la casa de Arturo Char en Barranquilla.
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Esa reunión habría sido el inicio del acuerdo, porque allí se habría definido que los Char apoyarían a Merlano, pese a ser candidata del Partido Conservador, a cambio de que hiciera fórmula con Lilibeth Llinás Delgado, de Cambio Radical, quien sería apoyada por la familia Gerlein.
La Corte sostiene que la excongresista Merlano Rebolledo entregó un testimonio “objetivo, coherente y circunstancial” acerca de la reunión. Ella contó además que tenía cercanía con Julio Gerlein y Alejandro Char, con quienes tuvo relaciones sentimentales simultáneas, y ya la habían apoyado en sus candidaturas en el pasado.
El caso de los Llinás hila hacia Arturo Char. Lilibeth era su amiga y su hermano Adalberto Llinás, quien fue el coordinador de su campaña, era de la entraña del exsenador, además de haber sido diputado de la Asamblea del Atlántico por Cambio Radical.
El acuerdo se habría extendido hasta formalizarse el sofisticado sistema de compra de votos que se dirigió desde Casa Blanca, la sede de campaña de Merlano. Allí, según la decisión de la Corte contra Char, hizo presencia varias veces Adalberto, quien habría coordinado un equipo de 100 líderes municipales encargados de conseguir más de 10.000 votos que beneficiaron tanto a su hermana como a Arturo.
“Dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, para conseguir la elección de Aída Merlano Rebolledo en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara; y la propia reelección de Arturo Char Chaljub en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos para estos tres candidatos”, señaló la Corte.
Char fue representante a la Cámara entre 2006 y 2010, pero decidió volver a aspirar en el 2018. La razón de su aspiración, de acuerdo con la Corte, era consolidar el poder por parte del clan político para apalancar candidaturas presidenciales de Cambio Radical tanto en ese año como en el siguiente cuatrienio. Incluso tras su elección Arturo llegó a ser el presidente del Senado.
El objetivo de la maquinaria de compra de votos no era únicamente la elección de Merlano, sostiene la Corte y la defensa de la excongresista. “El propósito es que esa construcción de recolección y compra de votos también era para la casa Char que tenía un interés directo en cabeza de Arturo Char. Y es que Arturo Char no es un hombre ni popular ni que tenga un buen discurso, Arturo para poder llegar a cualquier corporación pública necesitaba comprar votos”, señaló Miguel Ángel del Río, abogado defensor, a El Tiempo.
La empresa criminal habría tenido más de 1.000 personas que se habrían encargado de conseguir a los votantes que venderían su sufragio. Por cada persona, que era comprobada a través de un software que comparaba la información con la de la Registraduría, según El Espectador, se entregaba un adelanto de hasta $20.000 pesos. Tras la votación se registraba con un código QR cada sufragante y se pagaban $35.000 más.