Medida cautelar por huracán Iota: Tribunal de San Andrés responde a la Procuraduría

La situación de los escombros dejados a su paso por el Huracán Iota en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina provocó la intervención legal por parte del Tribunal Administrativo local. En respuesta a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, la entidad emitió una medida cautelar de urgencia, en el que se reconoce el riesgo que plantean estos residuos para la comunidad isleña.

Hace casi tres años desde que el Huracán Iota azotó la región, dejó una estela de devastación y una montaña de escombros. Desde entonces, la Procuraduría alertó sobre la situación crítica de estos residuos que demostró la falta de un plan de contingencia adecuado para su manejo y disposición final.

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La procuradora Margarita Cabello calificó la situación como un “verdadero desastre” y anunció una investigación en contra de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que tiene la responsabilidad de gestionar esta problemática.

Los escombros, que originalmente se habían destinado a centros de acopio temporales, se volvieron permanentes y se encuentran dispersos en varios sectores de las islas, lo que agrava aún más su impacto ambiental. Por esta razón, la procuradora señaló en múltiples ocasiones que esta gestión inadecuada de los residuos representa una seria amenaza para la comunidad y el medio ambiente.

El Ministerio Público manifestó su preocupación por la situación del basurero a cielo abierto en Mc Bean Montain, el cual contiene residuos que quedaron como un pasivo de la reconstrucción luego del paso del huracán Iota. La falta de una política pública de manejo ambiental ha generado riesgos significativos de contaminación de suelos, riberas, cauces, costas y playas debido a la presencia de materiales como plásticos, cerámicas, vidrios, metales y otras sustancias nocivas.

El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina actuó en consecuencia al decretar la medida cautelar solicitada por la Procuraduría.

Con el fin de lograr lo mencionado anteriormente, las entidades establecieron que se deben emplear los métodos apropiados que aseguren que la evacuación se realice de acuerdo con los estándares técnicos necesarios. Esto implica ejecutar una planificación adecuada, establecer un programa y un cronograma para el traslado de los desechos, y todo este proceso debe ser informado al Tribunal en el plazo de un mes después de recibir la notificación de esta medida cautelar. Además, es importante destacar que la disposición final de los desechos debe llevarse a cabo en un lugar diferente a la isla de San Andrés.

En cumplimiento de esta medida cautelar, el alcalde de San Andrés, Milton Méndez, fue ordenado a llevar a cabo el cierre definitivo de “todos los Centros de acopio que fueron transitoriamente destinados como botadero a cielo abierto en la emergencia del huracán Iota”.

A casi tres años del paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la situación en estas dos últimas islas sigue siendo alarmante.

A diferencia de San Andrés, que logró recuperarse más rápidamente, Providencia y Santa Catalina quedaron completamente devastadas, y sus habitantes se vieron forzados a lidiar con condiciones precarias y falta de ayuda adecuada.

Según la Ungrd, de las 1.295 casas evaluadas en Providencia, solo 78 casas mantuvieron sus cimientos, mientras que 596 quedaron completamente destruidas.

La situación se agravó debido a la crisis económica que ya afectaba a las islas antes del huracán, debido a su dependencia casi exclusiva del turismo. Esta combinación de desastre natural y crisis económica asumió al archipiélago en una situación asfixiante, tanto social como económicamente, de acuerdo con las denuncias de los medios locales.

El expresidente Iván Duque presentó el “Plan 100″, que contemplaba la reconstrucción masiva en infraestructura y reactivación económica para Providencia. Según este plan, se esperaba que para el 10 de abril de 2021 se hubiesen cumplido varios objetivos, como la intervención de establecimientos comerciales y turísticos, la construcción de casas, la rehabilitación de edificios y la creación de un hospital. Sin embargo, esa no fue la realidad.