Diversos sectores políticos denunciaron infiltraciones de grupos al margen de la ley como el ELN y disidencias de las extintas Farc en las protestas del paro nacional de 2021 en diversas partes del país. Sumado a eso, una sentencia condenatoria emitida en julio de 2023 determinó que integrantes del Estado Mayor Central (EMC) sí estuvieron presentes en varias movilizaciones, entre ellas las realizadas en el Portal Américas, suroccidente de Bogotá.
Bajo ese panorama, organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Coordinadora Humanitaria han denunciado casos de desaparición forzada causados por este actor armado durante las manifestaciones. De acuerdo con Doris Janneth Bautista, representante de víctimas de este flagelo, hay hechos de este tipo sin resolver, incluyendo los perpetrados en la capital del país.
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Por ello, hizo un fuerte llamado al grupo residual para que entregue información de los jóvenes reclutados en ese sector de la localidad Kennedy. “Nosotros estamos haciéndole un llamado al Estado Mayor Central para que nos devuelvan vivos a dos chicos de la primera línea que se llevaron del Portal Resistencia este año, hace dos meses. No sabemos si están vivos o muertos”, sostuvo la defensora durante la entrega del segundo informe sobre violencia durante los mecanismos de cese al fuego bilateral acordados en el primer semestre de 2023.
De acuerdo con Bautista, el reclutamiento forzado por parte de actores ilegales es una constante que se vive no solo en regiones como Buenaventura, Cauca o Antioquia, sino también en Bogotá. “Hay un patrón de reclutamiento coactivo, porque también hay desapariciones forzadas en los barrios pobres de Bogotá, como los del Portal Resistencia, y eso no puede ser”, añadió Bautista.
Reclamó que desde el colectivo que lidera, han esperado durante semanas una respuesta de las disidencias sobre el paradero de los desaparecidos. Así las cosas, llamó la atención de la institucionalidad para garantizar su rescate y regreso a sus viviendas.
“Les hemos pedido públicamente... Les hemos enviado una carta, hemos hablado con cuanta organización del Estado sea posible. También con el alto comisionado, hemos tocado la puerta de la Misión de Verificación, de la Iglesia y Pastoral Social”, agregó Bautista. Incluso, reveló que pudieron hablar con uno de los jóvenes y este dijo que las disidencias los tienen “obligados” a permanecer en sus filas.
Así las cosas, la defensora de derechos humanos recalcó que Bogotá también es territorio afectado por el conflicto armado y lanzo “una crítica constructiva” a las mesas de negociación instaladas con grupos ilegales para avanzar en la discusión de las víctimas y la participación social en los acuerdos; especialmente aquellos que se logren con el ELN.
“Nosotros tenemos propuestas, somos sujetos y sujetas políticas”, sostuvo. También aseguró que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) no ha llenado las expectativas de colectivos conformados por familiares de víctimas de desaparición forzada.
Las cifras de violencia presentadas por la Coordinadora Humanitaria
El informe registró un total de 629 acciones violentas durante el primer semestre, de las cuales 227 fueron entendidas como ataques contra la vida de civiles; 141 afectaciones contra líderes y lideresas sociales y 134 casos de restricción a la movilidad.
En este periodo, también se registró un total de 436 violaciones a los mecanismos de cese al fuego con mayor incidencia en cinco departamentos y regiones: Caribe (88 casos); Antioquia (52); Catatumbo y Cauca (44) y Arauca con 35 hechos.
Con respecto a los responsables de estas infracciones, el informe presentado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá precisó que las también conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la disidencia al mando de Iván Mordisco y el ELN fueron los máximos responsable de estos hechos con 181, 141 y 138 acciones armadas respectivamente.