Registrador alertó por posibles vínculos entre grupos armados y candidatos

El registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, emitió un comunicado en el que exhortó a las autoridades a tomar medidas proactivas para detectar y prevenir actividades ilegales que puedan afectar las Elecciones Territoriales de 2023 en Colombia.

En su declaración, el funcionario mencionó específicamente la importancia de combatir el constreñimiento electoral, la compra de votos y la participación indebida de funcionarios públicos en asuntos políticos.

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Durante el evento destinado al seguimiento de las elecciones, Alexander Vega hizo hincapié en la preocupación por la posible vinculación de algunos candidatos con grupos armados ilegales en ciertas regiones del país. El encuentro tuvo lugar en Bogotá y reunió a diversas entidades, incluyendo la Registraduría Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Policía, así como los ministerios de Defensa y del Interior, con el propósito de abordar las cuestiones de seguridad en las elecciones regionales. Esto se llevó a cabo como respuesta a la alerta temprana emitida por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Vega enfatizó la necesidad de proteger la integridad del proceso electoral, expresó su confianza en los Planes Democracia y Ayacucho implementados por las Fuerzas Militares y la Policía, los cuales tienen como objetivo garantizar la tranquilidad durante las elecciones que se llevarán a cabo el 29 de octubre.

Sin embargo, Vega Rocha advirtió que ciertas actividades ilegales operan en las sombras y deben ser prevenidas. Mencionó la preocupante participación de organizaciones ilegales que respaldan a candidatos, así como denuncias de compra de votos y la intervención indebida de funcionarios públicos en la política electoral.

Según lo expresado por el Registrador Nacional, se han reportado que en ciertos municipios de Cauca y Nariño se presentaron denuncias relacionadas con el respaldo que algunos candidatos podrían estar recibiendo de grupos ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.

Vega también informó que Francisco Barbosa está al tanto de estas preocupaciones y que se espera que las autoridades correspondientes, como la Fiscalía y la Procuraduría, investiguen y sancionen cualquier actividad ilegal que surja durante el proceso electoral.

Subrayó que los grupos ilegales involucrados en los diálogos de paz no deben interferir en las elecciones, y reiteró que, por el momento, no se contempla el traslado de puestos y mesas de votación debido a cuestiones de orden público.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respaldó plenamente la solicitud de Vega y destacó la importancia de que las entidades de investigación y control realicen investigaciones exhaustivas para prevenir y sancionar cualquier conducta ilegal relacionada con las elecciones.

En cuanto a la logística electoral, Vega informó que la Registraduría Nacional está trabajando en la implementación de medidas para garantizar la transparencia del proceso. Se prevé que se utilice la biometría en 30,000 mesas de votación para prevenir la suplantación de identidad, y se establecerá conectividad satelital para digitalizar y transmitir las actas E-14, lo que permitirá entregar resultados de manera rápida y confiable, de acuerdo con su declaración.

La violencia armada en Colombia, tras la desmovilización de las Farc en 2016, ha tomado un nuevo rumbo, según el ministro de Defensa. En su quinto debate de control político sobre la situación de violencia en el país, Velásquez señaló que, entre 2018 y 2022, se registró un aumento significativo en la actividad de organizaciones ilegales, con un crecimiento del 15% en ese período.

Durante este lapso, que abarcó los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, las disidencias de las Farc experimentaron un incremento del 38,9% en la incorporación de nuevos combatientes, mientras que el ELN vio un aumento del 19% y el Clan del Golfo un 11,8%. Estos datos reflejan una preocupante expansión de actores armados ilegales en el país, a pesar de los esfuerzos por mantener la paz tras la desmovilización de las Farc en 2016.