La Procuraduría General de la Nación (PGN) llevó a cabo un seguimiento de la situación de las violencias basadas en género que afectan a las mujeres a nivel nacional. Los datos recolectados por el organismo de control evidencian que, en 2023, se registró un incremento en los casos de homicidios de mujeres en el departamento del Atlántico.
La procuradora Margarita Cabello, desde Barranquilla, informó que entre el 1 de enero y el 29 de agosto de 2023 se reportaron 31 muertes violentas en el departamento, según el Observatorio de Violencia contra la Mujer de la Fundación Teknos. De estos casos, 29 correspondieron al delito de homicidios, los cuales representan un “alarmante aumento” del 12% con respecto al mismo periodo de 2022.
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Los otros dos casos fueron categorizados como feminicidio, crimen tipificado como un delito autónomo en Colombia en 2015 mediante la Ley 1761 de 2015, Ley Rosa Elvira Cely. El Código Penal Colombiano define este tipo de delito como aquel que involucra causar la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos relacionados con su identidad de género. Por este crimen, se establece una pena que va desde los 250 hasta los 500 meses de privación de la libertad.
Según la Ley Rosa Elvira Cely, cuando la persona que causa la muerte de una mujer tuvo una relación familiar, íntima, de convivencia, de compañeros o de trabajo con la víctima y, además, la sometió a un ciclo de violencia, puede ser investigado por feminicidio.
Lo mismo sucede si la víctima fue instrumentalizada sexualmente, incomunicada o si su asesinato fue utilizado para generar terror o humillación.
En el primer semestre de 2023, 252 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Colombia, de acuerdo con el Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia. También se registraron 68 casos de tentativa de feminicidio, lo que quiere decir que se presentaron 320 eventos de este tipo de violencia contra la mujer en dicho periodo del año.
La Procuraduría advirtió que en lo corrido de 2023 han llegado a las personerías municipales del país 410 alertas de mujeres que están en riesgo de feminicidio. De estas alertas, 15 corresponden al departamento en cuestión; 10 fueron reportadas en Barranquilla, 3 en el municipio de Malambo y 2 en el de Soledad.
Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que 921 casos de violencia intrafamiliar fueron reportados en Barranquilla en el primer semestre del año, de los cuales 580 corresponden a contextos de pareja. Además, en ese periodo se practicaron 255 exámenes médico-legales a mujeres por presuntos delitos sexuales.
En ese sentido, la procuradora Margarita Cabello y las diferentes organizaciones de mujeres del departamento solicitaron a las autoridades locales, regionales y nacionales que se implemente de manera efectiva la restricción del porte ilegal de armas. Esta petición obedece a que los últimos homicidios de mujeres y niñas reportados ante las autoridades han sido perpetrados con armas de fuego.
En Colombia, el porte de armas está suspendido, lo que quiere decir que la posibilidad de tener o portar armas de fuego es una excepción y no un derecho, puesto que el monopolio de las armas lo tiene el Estado.
“Quienes deseen portar un arma deben pasar por un proceso de evaluación y análisis que, eventualmente, les da la posibilidad de tener un permiso de porte”, explica el Ministerio en su documento ABC Suspensión de Porte de Armas.
Sin embargo, el tráfico de armas dificulta el cumplimiento de dicha suspensión. Según Insight Crime, en abril de 2023 se llevó a cabo una operación contra el tráfico de armas en América Latina, que contó con la participación de 15 países, entre ellos, Colombia. En total, se incautaron 8.000 armas en dichos territorios.