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La violencia armada en Colombia parecía reducirse con la desmovilización de las Farc en 2016, la guerrilla más antigua del país y del continente. Sin embargo, la más reciente información sobre el conflicto armado entregada por el ministro de Defensa Iván Velásquez indica que la salida de combate de esa guerrilla significó la expansión y el crecimiento de otros actores armados ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN y el clan del Golfo.
En medio de su quinto debate de control político, precisamente por la situación de violencia que vive el país, el jefe de la cartera de Defensa indicó: “Entre el 2018 y 2022, empezó un incremento que ha sido significativo en las organizaciones ilegales. En ese periodo hubo un crecimiento de un 15%”.
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Las cifras entregadas por Velásquez corresponden a los periodos de Gobierno de Iván Duque y Gustavo Petro, tiempo en el que las disidencias de las Farc tuvieron un incremento del 38.9% en la incorporación de combatientes a sus filas; el ELN un 19% y el Clan del Golfo un 11,8%.
De acuerdo con el ministro de Defensa la firma del Acuerdo de Paz en el 2016: “Permitió el copamiento de territorios que venían siendo desocupados por las Farc, de manera que por una ausencia del Estado en muchos de esos territorios, se permitió no solo el control ilegal”.
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El ELN, las disidencias de la Farc y el clan del Golfo tomaron el control de la producción y las rutas para el tráfico de armas y droga; también se apoderaron del control de rentas ilícitas como el microtráfico, la extorsión y la explotación minera ilegal.
Lo expuesto por el MinDefensa empeora con el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), titulado Paz Total, disputas e inseguridad en el primer año del Gobierno Petro, en el que se detalla un aumento de los actores armados ilegales de Colombia durante el primer año de mandato del mandatario de izquierda.
El estudio señala que desde el mandato anterior los grupos armados “venían de un fortalecimiento progresivo de su capacidad militar y presencia territorial que les permitió consolidar su control en algunas regiones”, lo que recibió Gustavo Petro e intentó mitigar insuficientemente con la implementación de la “paz total”.
La FIP indicó que al término del 2022 el Clan del Golfo tenía influencia en 200 municipios del país, el ELN en 176 y las disidencias de las Farc en 171, y que esa presencia había hecho que aumentara en un 85% los enfrentamientos entre sí, mientras que los combates contra el Estado se redujeron en un 47%.
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Finalmente, la Fundación Ideas para la Paz sostuvo que en el primer año de Petro Como presidente de Colombia “las acciones de la Fuerza Pública (combates y bombardeos) contra los grupos armados continuaron disminuyendo, llegando al 47%, lo que se explica por la apuesta del Gobierno de privilegiar la negociación con los grupos armados”, lo que permitió, en gran parte, el fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales.
Algo que contrasta con lo expuesto por Iván Velásquez, quien sostuvo durante el debate de control político que las Fuerzas Armadas del país mantienen su asedio contra los ilegales y que en lo corrido del 2023 han habido 211 combates de la Fuerza Pública contra grupos ilegales.
El jefe de cartera también dijo que este año aumentó en un 94% la incautación o destrucción de bulldozers y 35% en incautación de retroexcavadoras, usadas para la minería ilegal e incrementó un 20% la destrucción de infraestructura para el procesamiento de pasta base y cocaína.
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