Desde el lunes 4 de septiembre, la Defensoría del Pueblo alertó al Gobierno nacional y las autoridades del orden local y regional para atender la crisis de violencia registrada en Arauca por cuenta de los enfrentamientos entre estructuras ilegales; concretamente el ELN y una facción disidente de las antiguas Farc.
Según el llamado de la entidad, comunidades de la vereda Siberia 1 del municipio Tame quedaron en medio de fuertes combates entre ambas estructuras, generando con esto afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por posibles ataques contra civiles y hechos de confinamiento o desplazamiento.
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“Los combates tienen inmerso en un ambiente de permanente temor y zozobra a los habitantes del sector. Hay cuerpos sin vida de combatientes cuyo proceso de levantamiento está en manos de las autoridades”, señaló la Defensoría en ese momento.
A ese llamado se sumó la oficina del alto comisionado para la Paz, que durante la tarde del miércoles 6 de septiembre instó al Ejército de Liberación Nacional y al Estado Mayor Central de las Farc (EMC) a detener los ataques violentos para evitar los hechos de confinamiento y desplazamiento de parte de la población en ese departamento.
“Llamamos al ELN y EMC-Farc a desescalar la confrontación y permitir el retorno y el desconfinamiento de la población de Arauca. Trabajamos para lograr liberaciones de miembros de ambos grupos en cumplimiento del DIH. Proteger la vida para que la paz sea posible”, manifestó la entidad a cargo de Danilo Rueda.
Este llamado de la entidad fue emitido horas antes del pronunciamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese al fuego bilateral con el ELN sobre la instalación de la instancia regional de este dispositivo en Arauca.
Dicho evento no solo contó con la presencia de funcionarios del Gobierno y autoridades como el gobernador del departamento y representantes de la Iglesia católica; sino que también intervinieron organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos que mostraron interés por aportar a dicha instancia debido al escalamiento de la violencia en esa zona del país.
“Esperamos que la puesta en marcha del mecanismo en Arauca contribuya a prevenir incidentes, resolver problemas, bajar la intensidad del conflicto, permitir la participación de la sociedad en el proceso de paz y mejorar la situación humanitaria de la población”, mencionaron los organismos que conforman el Mecanismo.
En su llamado, la Defensoría también recordó otras alertas emitidas para atender el conflicto entre grupos al margen de la ley en el municipio Puerto Rondón. Allí, cerca de 300 familias fueron confinadas en el sector conocido como Marreros, centros educativos y casas comunales. Otras 180 tuvieron que desplazarse entre veredas por riesgo a atentados contra sus vidas en medio del fuego cruzado.
“Toda esta situación contraría el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y vulnera los derechos de quienes viven en la zona donde tienen lugar las hostilidades”, sostuvo la Defensoría tras la visita de una misión humanitaria a la zona. En ese orden, emitieron una alerta a las autoridades locales y al propio Gobierno para atender las violaciones a los derechos humanos e implementar mecanismos eficientes para atender a la población en riesgo.
La misión, conformada por representantes de la ONU, la OEA, la Iglesia católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), organismos que encontraron también afectaciones contra comunidades indígenas del resguardo La Esperanza debido a los enfrentamientos que dejaron combatientes muertos de ambas estructuras.
“La misión constató daños en viviendas y bienes y encontró artefactos sin explotar, que la fuerza pública adelanta el proceso de desactivación”, aseguró la entidad al mando de Carlos Camargo.