José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, Lida Magaly Rodríguez Gutiérrez, exasesora de la Secretaría General y actualmente coordinadora del Grupo de Contratación, y Eduardo Alexander Franco Solarte director Administrativo y Financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y concierto para delinquir. Esto en el marco de la licitación para la expedición de visas y pasaportes en Colombia.
Estas denuncias se conocieron un día después de que el canciller Álvaro Leyva Durán, el 5 de septiembre suspendiera la audiencia de adjudicación de la licitación, que quedó reagendada para el 13 de septiembre.
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Las denuncias
De acuerdo con información de Sigue la W de W Radio, las denuncias contra los tres funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores se registraron por el convenio que firmó la Cancillería con la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) en noviembre de 2022 para la “revisión de las especificaciones técnicas del proceso contractual” para la elaboración de los pasaportes en Colombia. El convenio con Oaci tuvo un valor de $125.000.000.
Producto de este convenio, la Oaci expidió una serie de recomendaciones a las que los funcionarios denunciados habrían hecho caso omiso y expidieron el pliego de condiciones para abrir la licitación en la que ha sido cuestionada por presuntamente favorecer al actual proveedor de las libretas para pasaportes, Thomas Greg & Sons, que era el único que podía cumplir los requerimientos de la licitación.
“Se identificaron una serie de funcionarios quienes sin ningún tipo de apoyo técnico desconocieron un informe de consultoría de una autoridad internacional, (…) y fundándose en el mismo confeccionaron un Pliego de Condiciones que estableció inequívocamente como único proponente al contratista actual que provee los pasaportes a contratar con base en la Licitación Pública # 001 de 2023, estableciendo condiciones de imposible cumplimiento para cualquier otro proponente que aspirara a concursar en el anotado proceso de selección”, advirtieron los denunciantes según los citan en Sigue la W
Entre las condiciones para participar en la licitación, en la que repararon los denunciantes, pues no seguía las recomendaciones de la Oaci, está que “se exige una implementación de dos (2) meses, a sabiendas de la imposibilidad material de ajustarse a tal cumplimiento elemental del contrato, excepto por parte de a quien se había embocado la adjudicación del contrato; Thomas Greg & Sons, pese a la advertencia expresa y técnica del consultor internacional”.
Segundo proponente en la licitación también ha hecho denuncias del proceso
Desde 2006, Thomas Greg & Sons tiene el contrato para la expedición e impresión de pasaportes en Colombia. Para septiembre de 2023, esta fue la única firma oferente para quedarse con la licitación. De hecho, esta pertenece a la Unión Temporal Pasaportes 2023, integrada por Thomas Greg Express, Seguridad Móvil de Colombia, Thales DIS Finland Oy y Thales Colombia S.A.
Sin embargo, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) aparece un segundo proponente: la Unión Temporal Libretas 2023, conformada por Cadena S.A, Cadena Courrier S.A.S y la portuguesa Imprensa Nacional Casa da Moeda. Esta última denunció que no presentaron muestras, por lo que tampoco habría material para evaluación.
También alegaron irregularidades en la licitación y en un recurso cuestionaron que “tanto las especificaciones técnicas como el pliego de condiciones del certamen por contener requerimientos y fijar plazos excesivamente estrechos”. Lo que, para la firma, generó dificultades para la participación de otras firmas en igualdad de condiciones y libre competencia, de acuerdo con lo estipulado en las normas de contratación estatal.
Al respecto, la Cancillería analizó más de 100 observaciones hechas por las empresas ofertantes en el proceso que debió suspenderse para su revisión. Además, aseguró que sí había garantías para “un proceso democrático, participativo, transparente, con plena garantía para todos los interesados, que tendrá como resultado el mayor beneficio para la administración pública al menor costo posible”.