Empresarios del Atlántico serán investigados por la Fiscalía por relaciones con el paramilitarismo

La noticia fue entregada por la Sala de Justicia y Paz, que compulsó copias al ente investigador tras las declaraciones de Salvatore Mancuso

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la Sala de Justicia y
la Sala de Justicia y Paz compulsó copias a la Fiscalía para investigar a dos empresarios del Atlántico - crédito Mario Caicedo/EFE

Por petición de la Sala Especial de Justicia y Paz de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación abrirá una investigación contra dos reconocidos empresarios del departamento del Atlántico. Según lo indicaron los magistrados, Alfonso Macías Vargas y Rafael Antonio Matera fueron presuntos financiadores de grupos paramilitares.

“Así las cosas, se procederá a compulsar copias de los soportes procesales respectivos, a efecto de que investiguen las presuntas conductas penales en que podrían estar incursos por cuenta de su posible vinculación con las AUC; así como de sus bienes y sociedades en las que los mismos tienen participación”, señala el documento expedido por la sala.

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La vinculación a un proceso de investigación es el resultado de las declaraciones entregadas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que los señaló como financiadores de sus actividades ilícitas.

Según el informe proporcionado por la sala y en el que aparecen los testimonios de Mancuso, los dos empresarios aportaron económicamente y prestaron sus inmuebles para que grupos paramilitares cometieran delitos. En el caso de Macías, un reconocido empresario palmero, habría prestado su finca El Potosí, para que el grupo armado realizara labores como comercialización de ilícitos, torturas o violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Rafael Matera, quien es dueño del matadero Camagüey en el municipio de El Copey, en Cesar, habría entregado armas de fuego a los paramilitares para combatir con las Fuerzas Armadas y asesinar a sus víctimas, y podría también ser autor intelectual de varios homicidios en ese departamento. Matera habría solicitado a los paramilitares asesinar a varios objetivos en los municipios de El Copey y Algarrobo entre los años 2000 y 2004.

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Mancuso volvería a Colombia tras la firma del presidente a una resolución que lo designa como gestor de paz - crédito Colprensa

“Nosotros cuidábamos y hacíamos labores de limpieza y algunos homicidios que pertenecían a la empresa y ordenados por el Rafa Matera”, fue una de las declaraciones de Mancuso sobre el papel del empresario en el grupo armado.

En cuanto a las empresas en las que los hombres aparecen como representantes legales, los señalados presuntamente usaron sus negocios legales para lavar dinero proveniente del narcotráfico para mantener a las AUC.

Pero esta no sería la primera vez que los dos empresarios aparecen en las decisiones del tribunal de Barranquilla. De acuerdo con información de 2019, Macías y Matera fueron acusados por el entonces paramilitar Juan Francisco Segura, alias ‘el Alacrán’, que aseguró tener vínculos con los dos hombres e incluso confesó que se les conocía como Alias “M1″ Y “300″, respectivamente.

Asimismo, el exparamilitar Jorge Escorcia Orozco, alias ‘Rocoso’, confirmó ante la Fiscalía en 2019 que los dos hombres participaron de alguna manera con el grupo ilegal entre el 2000 y el 2004. De hecho, en ese momento la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla reconoció que en los predios de sus empresas, se perpetraron varios asesinatos de líderes sociales.

Ante las acusaciones de 2019, la sala ya había compulsado copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación, e incluso se conoció que una jueza de extinción de dominio solicitó la investigación de la actividad económica de Macías y Matera. En su momento, se pidió que se investigaran las empresas de su propiedad por ser supuestos financiadores de las AUC.

“Se debe investigar los bienes relacionados por el fiscal 5 Especializado de Barranquilla con el fin de hacer efectiva la reparación a las víctimas de los miembros de los grupos paramilitares que son judicializaos en esa jurisdicción transicional”, señala un oficio de una funcionaria de la Fiscalía remitido al director de Justicia Transicional.

Sin embargo, se desconoce cuál sea avance de dicho proceso, y se suma a la nueva petición de la Sala Especial de Justicia y Paz de Barranquilla para determinar el papel de los dos empresarios en el financiamiento y acometimiento de delitos en los departamentos de Cesar y Magdalena.

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