El exsenador José Obdulio Gaviria salió en defensa del general (r) Mario Montoya, acusado de ejercer presiones para que la IV Brigada cometiera bajas y de intentar ocultar las muertes de inocentes para presentarlas como resultados militares. Además, justificó las solicitudes del excomandante sobre ‘carrotancados’ de sangre.
El 30 de agosto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a Montoya Uribe como autor de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos cuando fue comandante de la IV Brigada del Ejército en Antioquia entre 2002 y 2003. De acuerdo con la acusación, el excomandante del Ejército mintió sobre el número de bajas, encubrió casos de extralimitación del uso de la fuerza y presionó por obtener bajas exaltando el derramamiento de sangre.
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Esa conducta, de acuerdo con la JEP, llevó a que se estableciera el patrón de criminalidad en todas las unidades bajo su mando de presentar muertes como bajas en combate, cuando se trataba de personas inocentes. Varios comparecientes coincidieron en señalar que Montoya les decía: “No quiero litros de sangre, sino carrotancados”.
El exsenador José Obdulio Gaviria, quien fue asesor presidencial de Álvaro Uribe desde el 2003 hasta el 2009, tiempo en el que el general (r) Montoya fue designado como comandante general del Ejército Nacional, desestimó la imputación y salió en defensa del exmilitar.
“Es la expresión, casi caricaturesca, de lo que era ejercer la fuerza del Estado contra las organizaciones guerrilleras. Perseguir al criminal era pedir tancados de sangre. Por eso, siempre hubo desde la guerra judicial de la izquierda una identificación de los militares más eficaces”, aseguró Gaviria Vélez a Semana respecto a la frase citada de Montoya.
Según Gaviria, Montoya “no hacía distinción entre terroristas buenos y terroristas malos” y, desconociendo los hallazgos de la JEP, señaló que los resultados de sus unidades “fueron enormes no solo en las bajas a organizaciones criminales”, sino también en contra de las finanzas del narcotráfico.
“Yo defiendo la honradez e, incluso, institucionalidad del general (r) Montoya. La vivimos no solo por la forma como se ejercía, por ejemplo, en Antioquia, y luego a nivel nacional, sino por los resultados que generaron las grandes debacles de la guerrilla, que para la izquierda era invencible”, agregó el exasesor presidencial.
La JEP sostiene que Montoya y sus comandantes subalternos de batallón, al presionar por bajas militares, contribuyeron “a generar las condiciones propicias para que los ejecutores materiales perpetraran los crímenes, condiciones sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada”.
En la audiencia de imputación se resaltó un caso ocurrido en San Rafael el 9 de marzo de 2002. Un grupo de jóvenes solicitó a dos paramilitares que los condujeran a una fiesta, el vehículo fue hostigado por el Ejército y murieron dos menores de edad y tres civiles.
Aunque incluso el comandante del batallón le dijo a Montoya que los muertos eran civiles que no participaban en las hostilidades, el comandante citó a una rueda de prensa en la que posó junto a los cuerpos para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate.
En 2008, cuando Montoya renunció a la comandancia del Ejército, Gaviria Vélez aseguró que lamentaba su dimisión porque “condujo uno de los momentos estelares de las fuerzas armadas”, según dijo a Caracol Radio. “Lo único que conozco del general Montoya es grandes positivos, estuvo en la dirección de grandes eventos históricas de las fuerzas armadas, de la seguridad democrático, pongo como ejemplo la recuperación en Medellín de la Comuna 13″, señaló al ser consultado sobre la información de falsos positivos que empezaba a conocerse.
Uno de los insumos de la JEP es el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, conformado por la Secretaría de Gobierno de Antioquia que identificó 240 casos de ejecuciones extrajudiciales presentadas por el Ejército como ‘positivos’ entre 2002 y 2006. Rocío de Jesús Pineda García, quien fue la directora de ese Comité, se reunió en ese año con el vicepresidente Francisco Santos y el asesor presidencial Gaviria para manifestar su preocupación por las desapariciones, ellos dijeron que tomarían nota.