La oposición hizo uso de su derecho a réplica, según el Estatuto de Oposición, a las declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro el 30 de agosto, cuando acusó a la empresa Argos de ser “despojadores de tierras” por las 22 sentencias en su contra para restituir a campesinos en la zona de Montes de María.
Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, fue la encargada de dar el discurso en los medios de comunicación para criticar al mandatario por su acusación, así como sus ataques a la prensa por lo que dijo del medio El Colombiano, al decir que sus dueños son los mismos de la compañía cementera.
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Sumado a eso, la senadora invitó al mandatario a “construir unidad en torno a lo fundamental, la democracia, que sigue siendo el mejor modelo de Gobierno”, respecto al acuerdo nacional que pidió el jefe de Estado durante su discurso el 20 de julio, durante la instalación de la nueva legislatura en el Congreso.
“Estigmatizan y anulan la confianza inversionista”
Lo primero en el discurso de la oposición fue el caso de Argos, en el cual la senadora Holguín explicó el marco jurídico sobre la función social de la tierra, que señaló Petro en su pronunciamiento del 30 de agosto: “De hecho, la expropiación sin indemnización y por razones de equidad, que fue consagrada en la Constitución de 1905 y ratificada en 1936, se suprimió por el legislador en 1991, para proteger la inversión, dotar de mayor seguridad jurídica a los propietarios y poseedores de la tierra, y limitar la posible arbitrariedad del Estado”.
“Llama la atención que el discurso del presidente Petro se haga como antesala a la expedición de un decreto que genera incertidumbre sobre la propiedad privada en el país, pues se busca eliminar una serie de garantías procesales y endurecer la extinción de dominio, reemplazando al juez por la Agencia Nacional de Tierras, y obligando a los propietarios a la denominada “oferta voluntaria”, añadió.
Según Holguín, el presidente estaría haciendo uso de las facultades extraordinarias que obtuvo con el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual el mandatario puede “propiciar un despojo de las tierras desde el Estado”.
“La riqueza de las naciones la construyen los empresarios, los emprendedores, y los trabajadores; los hombres y mujeres que invierten su capital y su esfuerzo para generar empleo, bienes, servicios y comercio. Mal hacen los gobiernos cuando estigmatizan y anulan la confianza inversionista, tan necesaria para el crecimiento económico, fundamental para garantizar la superación de la pobreza y la equidad”, añadió.
Sobre Argos, la senadora afirmó que “en 2008 un CONPES que buscaba incentivar la inversión privada en la zona de Montes de María, llevó a una invitación pública, y la empresa adquirió 6.600 hectáreas en el Carmen de Bolívar y Ovejas, con miras a desarrollar un proyecto de compensación ambiental”.
“Luego de que entrara en vigencia la Ley 1448 de 2011 y se concedieran algunas reclamaciones, las decisiones judiciales determinaron la buena fe de dicha empresa, y concluyeron que no se presentaron desplazamientos ni despojos por parte de la misma; pero, a pesar de ello, Argos decidió en 2015 donar la totalidad de la tierra a la Fundación Crecer en Paz y entregar 21 mil millones de pesos para desarrollar proyectos productivos, en beneficio del campesinado de la región”, dijo.
Defensa a los medios
Paola Holguín se refirió después al caso del periódico El Colombiano, cuyos dueños fueron señalados de ser los dueños de Argos, según el presidente Petro, y la senadora resaltó que es necesario que el Gobierno proteja a los medios de comunicación, en vez de atacarlos.
“La obligación de los Estados es garantizar la libertad de prensa y el deber de la prensa es ejercer libremente y con responsabilidad su función. En este sentido y sobre los señalamientos al periódico El Colombiano, vale la pena aclarar que la titularidad de las acciones de este medio están en cabeza de la Familia Gómez Martínez y la Alianza San Felipe SAS, ninguna empresa del Grupo Argos es o ha sido accionista del medio”, afirmó.
La senadora del Centro Democrático añadió que “en Colombia están vigentes los derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia; además, existe división de poderes que obliga al Ejecutivo a respetar las decisiones y los fallos de la rama judicial.