El 3 de agosto inició la fase de implementación del cese al fuego bilateral entre el Gobierno nacional y el ELN. Dicha medida, de carácter nacional y temporal, se llevará a cabo durante seis meses y el primero se cumplió el domingo 3 de septiembre.
Si bien aún no se conoce el primer informe del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), en los primeros 30 días se conocieron hechos que, a primera impresión, fueron considerados como violaciones a los protocolos; sin embargo, todos quedaron en fase de estudio y se espera un primer balance con las acciones violentas perpetradas en este periodo.
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Durante el primer mes del cese, organizaciones como Indepaz y la fundación Paz y Reconciliación reportaron cerca de 10 acciones que podrían entenderse como posibles violaciones al cese debido a que fueron infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), y esto quedó expresamente prohibido en los acuerdos del cese logrados en la mesa de diálogos.
Así las cosas, durante agosto la Defensoría del Pueblo denunció hechos como un paro armado decretado por el ELN en Chocó –el sexto durante 2023– y que fue desmentido por la misma guerrilla. A pesar de ello, sí reconocieron enfrentamientos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –o Clan del Golfo– que restringieron la movilidad en el río San Juan.
En ese orden, Paz y Reconciliación reportó dos enfrentamientos con agentes de la fuerza pública; un hecho de desplazamiento, otro de confinamiento y un hostigamiento contra uniformados de la Brigada 15 del Ejército en el municipio Tadó (Chocó).
En contraste, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indicó que la guerrilla activa cometió 16 acciones armadas –cuatro en verificación– durante el cese al fuego. De estas, cinco ocurrieron en Chocó; cuatro en Nariño; dos en Antioquia y Cauca, y uno en Arauca, Santander y Bolívar.
Las presuntas violaciones al cese en los territorios
Según la oenegé, el ELN protagonizó siete enfrentamientos con otros actores armados que generaron casos de confinamiento y desplazamiento; dos secuestros de civiles; dos amenazas; un aviso de un paro armado –en Chocó–. También tuvieron conocimiento de la retención de un integrante de la fuerza pública, un homicidio y un atentado contra civiles.
El Medio San Juan (Chocó) y Samaniego (Nariño) fueron los municipios donde se habría presentado la mayor cantidad de acciones por el ELN durante el cese al fuego en agosto.
En esos 30 días, la Fiscalía denunció un supuesto plan del grupo insurgente para atentar contra la vida del fiscal General, Francisco Barbosa, así como las del general (r) Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal. Este hecho, a pesar de ser rechazado por todo el Gobierno nacional incluyendo el presidente Gustavo Petro, avivó las tensiones entre el poder Judicial y el Ejecutivo.
A finales de agosto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó que el Ejército tuvo acceso a la información hasta el 4 del mismo mes y que ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de lo mencionado en el comunicado del ente de control emitido cuatro días después.
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habló del presunto ataque como un “saboteo al proceso de paz” que se adelanta con el ELN. Dichas palabras no cayeron muy bien en los alrededores de Barbosa Delgado, que manifestó su reparo al presidente Petro en una reunión sostenida en Casa de Nariño.
Este aparente plan también fue abordado por el MMV, pues a pesar de haberse planeado antes del cese, se conoció y pudo ejecutarse durante los seis meses que tendrá esta medida.
Ante estos y los otros hechos que ya son conocidos por el Mecanismo, las delegaciones anunciaron la instalación de seis mesas regionales en Valledupar, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cali y Soacha. Además, las partes pidieron a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos hacer una “veeduría social” del cese en los territorios con alto riesgo violaciones a los protocolos y al DIH.
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