La Procuraduría General de la Nación (PGN) inició una vigilancia preventiva sobre la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) por la desvinculación masiva de 110 empleados de la entidad en un periodo de seis meses. También se incluye la renuncia de algunos directivos a petición del presidente Jaime Dussán.
De acuerdo con el organismo de control y vigilancia, por la irregular salida del personal, Dussán tendrá que dar explicaciones. En específico, tendrá que dar a conocer las razones por las cuales sus contratos fueron terminados.
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En esa medida, el procurador primero delegado para la vigilancia de la Función Pública de la PGN, Gabriel del Toro, determinó los siguientes requerimientos para establecer si hubo faltas disciplinarias en el proceso de desvinculación de los empleados:
- Listado de funcionarios y contratistas que fueron despedidos de diciembre de 2022 a la fecha. Deberá incluirse sus cargos y los sueldos que recibían.
- El presidente de Colpensiones tendrá que allegar un documento en donde se relacione la carga presupuestal que costaría en caso de que se deba indemnizar a los extrabajadores.
“El Ministerio Público indaga si, al parecer, mientras se presentaba la masacre laboral, por el otro lado, se daba una cascada de firma de contratos por los que el directivo del fondo pensional también deberá dar explicaciones”, añadió la PGN en un comunicado.
Pues, de acuerdo con un informe que reveló La W en julio de 2023, entre el 01 y el 30 de junio de este año cuatro directores regionales salieron de la entidad. Ellos trabajaban en territorios de los Santanderes, del Caribe, de Antioquia y del centro.
La Procuraduría investiga el caso, ya que, según el delegado, este despido masivo podría vulnerar los derechos de los trabajadores, así como alterar el correcto funcionamiento de Colpensiones y debilitar la calidad de los servicios que presta.
El organismo de inspección “continuará vigilante ante este tipo de situaciones que atenten contra los derechos de los trabajadores”, señala el comunicado.
La revelación del escándalo
El medio anteriormente citado reveló un informe en el que se dio a conocer la desvinculación masiva de más de 100 empleados de Colpensiones. En dicho documento también aparece el registro de la contratación de nueve funcionarios cuyos cargos estarían relacionados con el asesoramiento del presidente de la entidad.
Al parecer, la vinculación del nuevo personal tendría como objetivo suplir los puestos que dejaron las personas que salieron de la entidad, presuntamente, de manera irregular. Además, los salarios de estos asesores oscilarían entre tres y nueve millones de pesos mensuales, lo que también generó cuestionamientos.
Según el informe divulgado, la contratación de las nueve personas representaría un costo de más de 51 millones de pesos mensuales para Colpensiones.
Sin embargo, la vinculación de los asesores no es lo único que evidencia el documento, sino también la contratación de otros 217 empleados, con los que se completaría un total de 856 trabajadores de la entidad para mayo de 2023. La cifra difiere en gran medida con la reportada para el mismo mes de 2022: estaban contratados 639 trabajadores.
A esto se añade el ingreso de 130 empleados misionales en abril de 2023, quienes trabajarían en las sucursales regionales. Además, estarían vinculados a la Vicepresidencia Comercial.
Frente a este caso se pronunció el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, quien también se refirió a la reforma laboral que ha impulsado el Gobierno de Gustavo Petro.
“Estoy seguro de que mis reacciones no les van a gustar a Dussán y a Alexander López. Debo decir que me parece muy grave todo lo que he escuchado, porque creo en la reforma laboral y parte de ella tiene que ver con cómo se les da estabilidad a los trabajadores”, afirmó el congresista.
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