La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), por medio de una carta enviada al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que la sostenibilidad de la red pública hospitalaria del departamento está en crisis debido a graves problemas financieros que, incluso, podrían llevar al cierre de varios centros de salud.
De acuerdo con la misiva, como consecuencia de la emergencia sanitaria por covid-19, 68 hospitales de Antioquia fueron categorizados con riesgo fiscal y financiero en un nivel medio o alto, lo que significa que más del 50% de la red pública hospitalaria está comprometida.
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“Durante los años 2020, 2021 y el primer semestre del año 2022 seguía vigente la emergencia sanitaria por Covid-19, periodo en el cual la Red de Hospitales Públicos mantuvo sus altos costos de producción con baja productividad”, indicó Aesa en la carta.
Asimismo, aseguró que el flujo de recursos que reciben por parte de diferentes aseguradoras ha ido disminuyendo, a pesar de que el Ministerio de Salud ha manifestado que el dinero destinado a la salud de los colombianos es suficiente. Incluso, detalla que se han presentado incumplimientos de pago, lo cual perjudica la prestación del servicio.
“No han sido suscritos todos los convenios de concurrencia por parte del Ministerio de Hacienda para el pago de los pasivos pensionales de nuestros funcionarios, según lo contemplado en el Decreto 306 de 2004; este proceso avanza a un ritmo inaceptablemente lento, obligando a que los hospitales deban asumir los costos por el pago de los bonos pensionales y cuotas partes jubilatorias poniendo en peligro la estabilidad de los hospitales y el cumplimiento de los compromisos con nuestros servidores”; añade la misiva.
Otro de los problemas financieros que hoy aquejan a la red hospitalaria de Antioquia es la deuda que hay por la aplicación de vacunas contra el covid-19. De acuerdo con Aesa, se asumieron todos los costos para cubrir la demanda de vacunas, pero ese dinero, que debería ser reconocido a la red como se establece en la Resolución 531 de 2023, no se ha pagado.
Además, indicó que el Ministerio de Salud ha manifestado en varias oportunidades que no hay recursos suficientes para cumplir con dicho compromiso de pago.
Por otro lado, argumentó que los servicios que se están prestando desde la red están desbordados y eso repercute en altos costos de operación y una baja utilidad financiera. Así, se genera “una rentabilidad social permanente en detrimento de las finanzas de la entidad”, expuso Aesa.
“Los hospitales públicos asumen las 24 horas del día, la atención de urgencias, atención apacientes en situación de desplazamiento, migrantes regulares e irregulares, atención de partos, transporte asistencial, atención en áreas dispersas como veredas y corregimientos, atención a personas no identificadas, atenciones de medicina legal, entre otros”, detalló la Asociación en la comunicación.
A estos compromisos económicos que han asumido los hospitales del departamento se suma una problemática relacionada con las EPS que han sido liquidadas por la Superintendencia de Salud. Según Aesa, la deuda dichas EPS a la cartera es de 250.000 millones de pesos, la cual, al parecer, ha tenido que ser asumida por los hospitales del departamento.
“El compromiso del actual gobierno ante la sociedad colombiana fue su respeto por los derechos fundamentales y para esto se requiere que se fortalezca de manera urgente a los Hospitales Públicos, para continuar financiando su talento humano, además de la compra de medicamentos, dispositivos médicos, equipos biomédicos y otras obligaciones que implican la prestación de los servicios de salud, ya que sin recursos financieros los primeros afectados serán los usuarios”, sostuvo la Asociación.
Por eso, Aesa pidió acciones concretas y una respuesta inmediata para resolver la crisis financiera que pone en riesgo a cinco millones de personas en el departamento.