La Fiscalía General de la Nación (FGN) ha venido implementando jornadas de justicia restaurativa con indiciados de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. De acuerdo con el ente investigador, la aplicación de este tipo de justicia ha permitido que las denuncias por violencia intrafamiliar disminuyan.
Esto se logra mediante el siguiente proceso: en casos de justicia restaurativa, los fiscales analizan las denuncias que llegan por violencia intrafamiliar o por inasistencia alimentaria y evalúan si es posible aplicar un principio de oportunidad al presunto agresor.
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De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el principio de oportunidad puede ser solicitado únicamente por la Fiscalía General de la Nación y busca suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal que se efectúa en contra de una persona que ha cometido un delito.
Ahora bien, el numeral 14 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal de Colombia, mediante el cual se establecen las causales bajo las que puede aplicarse el principio de oportunidad, dice lo siguiente:
“Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas. Quedan excluidos en todo caso los jefes, organizaciones, promotores, y financiadores del delito”.
Según el ente acusador, los principios de oportunidad aplicados, los cuales implican la renuncia a la persecución penal, han permitido que las denuncias por violencia intrafamiliar disminuyan. Pues, desde 2021 se han aplicado 150 principios de oportunidad, de los cuales fueron aprobados 127 y, en 2022, se recibieron 150 denuncias por dicho delito, mientras que en 2023 estas se han reducido a 68.
Luego del análisis que hace la FGN de los casos, se llevan a cabo mediaciones conciliatorias entre las víctimas y los presuntos victimarios, quienes después se comprometen a adelantar acciones sociales durante cierto tiempo.
El acta en el que se plasma dicho compromiso es presentado ante un juez, que es el que decide si acepta o no las condiciones establecidas en el documento. En caso de que sí acepte el compromiso, la persona indiciada deberá empezar a cumplir con las tareas sociales. En el municipio de Caloto (Cauca), se firman en total seis actas de compromiso al día.
De hecho, en dicho territorio ya se han llevado a cabo ocho jornadas de justicia restaurativa dirigidas a cumplir con los compromisos firmados por los indiciados. Según el ente acusador, estas iniciativas son apoyadas por diferentes actores: las comisarías de familia, la defensa de las víctimas, la defensa de los procesados y los jueces penales con función de control de garantías.
“Los presuntos agresores se comprometen a realizar trabajo social en favor de la comunidad, como en este caso de la Octava Jornada, donde se realizaron trabajos de protección de un ecosistema que es vital para el municipio de Caloto, además de promover la “No Violencia Intrafamiliar”, explicó el fiscal local de Caloto, Cristian Salazar, quien es gestor de las jornadas restaurativas en esa zona del departamento.
Esta última jornada contó con la participación de siete personas procesadas por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, que tuvieron la aprobación de las víctimas y de los representantes legales de los menores de edad afectados por sus presuntas actuaciones, para llevar a cabo los trabajos sociales.
Los procesados adelantaron acciones de limpieza y de descontaminación del río Grande. Su trabajo consistió en recolectar 400 kilos de contaminantes no biodegradables, además de reforestar la cuenca del río. También limpiaron y restauraron el aljibe del parque Lineal de Caloto.
“Culminados las labores de limpieza y protección ambiental, los siete indiciados manifestaron su perdón público a las víctimas de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, hechos que se les indaga en los procesos penales”.
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