Chuzadas en caso Laura Sarabia: policías involucrados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía

El primero de septiembre se realizó la audiencia de legalización de captura de los agentes de policía capturados por las interceptaciones ilegales a dos extrabajadoras de Laura Sarabia, ex jefa de Gabinete de Petro.

Antes de terminar la audiencia los procesados no aceptaron los cargos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones que les imputó la Fiscalía. La jueza suspendió la audiencia y la agendó para el lunes 4 de septiembre a las 2:00 p. m.

Durante la audiencia, los abogados de Dana Alejandra Canizales y Jhon Fredi Morales Cárdenas, patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá; el intendente Alfonso Quinchanegua y el uniformado Fredy Alexander Gómez, de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN); y el capitán de la Policía Carlos Andrés Correa, pidieron a la jueza tercera con funciones de control de garantías de Bogotá que declare ilegales las capturas.

El abogado Miguel Ángel del Río Malo, apoderado de los agentes Loaiza Correa y Morales Cárdenas, pidió que las capturas fueran declaradas ilegales, mientras que el abogado Diego Gutiérrez de Quinchanegua se sumó a esta petición y reparó que hay irregularidades y mentiras sobre elementos incautados a los uniformados. El abogado Jorge Cuello, apoderado de Dana Canizales, también pidió declarar ilegal la incautación de un celular que hace parte del material probatorio presentado por la Fiscalía.

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Gutiérrez también advirtió que contra su cliente se hizo un entrampamiento, afirmando que antes de darse la captura había sido citado, por chat, para reunirse con junto a otras personas en una oficina en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá: “A las 8:13 de la mañana, los superiores ordenan que estén estos individuos capturados en la oficina del S1″.

Sobre esto, la jueza desestimó el señalamiento del abogado Gutiérrez de que fue un entrampamiento la captura de su defendido por ser citado para darse su captura, argumentando que no se violó ningún derecho del uniformado. También dijo que los procedimientos de captura de los procesados fueron legales.

Los abogados ni la representante de la Procuraduría presentaron recursos en la audiencia y manifestaron estar de acuerdo con la decisión de la jueza tercera con función de control de garantías.

Acto seguido, la fiscal del caso, Cindy Hernández Lemus, procedió a explicar el porqué les imputará a los procesados los cargos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.

En el caso de Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua, la fiscal advirtió: “El informe del 30 de enero lo entregaron unas personas a Alfonso y Dana, incluso al primero le fue remitido el informe a su correo electrónico por parte de Garmán Alonso Cabana, pero este informe fue modificado por ustedes dos tanto en su fecha y hora, como en su contenido, incluyendo una actividad que no se hizo en actos urgentes”.

Sobre Carlos Andrés Loaiza y el agente Jhon Fredi Morales, la fiscal Lemus afirmó que ellos “conocieron tal escenario decidieron engañarlo para conocer las comunicaciones” de Meza, luego de que Sarabia denunciara el robo en su vivienda, y que los procesados lograron que un juez de Quibdó ordenara la interceptación de los teléfonos de Meza y de Fabiola Perea, cuando trabajaban para Laura Sarabia, influenciado por declaraciones falsas y el engaño al fiscal 191 de Quibdó el 30 de enero de 2023, advirtiendo que los números de las mujeres pertenecerían al círculo de alias Siopas, del clan del Golfo. Todo esto a través de documentos falsos.

Los cargos que le fueron imputados a los cuatro uniformados fueron falsedad ideológica en documento público —que según el Código Penal acarrea pena prisión de 64 a 144 meses e inhabilidad de derecho a ejercer públicas por 80 a 180 meses—, también se le imputa en concurso heterogéneo a Canalizes, a título de autor en concurso homogéneo la falsedad en documento público. También se imputó, en concurso heterogéneo falsedad material en documento público —que acarrea pena de prisión de 64 a 144 meses e inhabilidad para ejercer funciones públicas de 80 a 180 meses—. Y los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.

Al comenzar la audiencia, la fiscal Lemus expuso que “Dana Canizales, Alfonso Quinchanegua, Jhon Fredi Morales y Carlos Andrés Loaiza concurrieron con conductas irregulares” para poder interceptar las líneas de Marbelys Mesa y Fabiola Perea, llevando a que fiscales de Bogotá y Quibdó incurrieran en errores.

También advirtió que la orden de captura de los uniformados fueron emitidas el 18 de agosto de 2023 por el juzgado 2 de Garantías de Bogotá contra Jhon Fredi Morales y Carlos Andrés Loaiza. Mientras que las órdenes de captura de Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua fueron emitidas el 24 de agosto por el juez 41 emitió.

En una audiencia paralela, el juez 50 de Control de Garantías de Bogotá también legalizó la captura de Rafael Ricardo Santos y del policía Fredy Alexander Gómez, que están siendo investigados por un presunto falso testimonio en el caso de las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, que pidió la jueza tercera ser declarada como víctima en el proceso.