
Las elecciones presidenciales de 1990 estuvieron marcadas por la tragedia en Colombia. En el camino de elegir al nuevo mandatario colombiano de esa época, tres candidatos fueron asesinados: Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989; Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990; y Carlos Pizarro, el 26 de abril de ese mismo año.
Pizarro fue miembro del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril, el cual se desmovilizó el 8 de marzo de 1990 para convertirse en un movimiento político de izquierda conocido como Alianza Democrática M-19 y que terminó siendo una de las fuerzas más relevantes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
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Luego de entregar las armas, Pizarro se lanzó como candidato a las elecciones regionales aspirando a la Alcaldía de Bogotá a una semana de los comicios. A pesar del corto tiempo que tuvo para ganar adeptos a sus propuestas, logró obtener 70.901 votos, ocupando la tercera posición del listado. Estos resultados fueron tomados como un logro para el movimiento político, razón que lo llevó a aspirar a la presidencia de Colombia de la mano de Carlos Pizarro como representante del partido.
Con más tiempo de ejecución para su campaña, su candidatura fue tomada con agrado por varios sectores de la ciudadanía, pero la vida del líder fue apagada el 26 de abril cuando fue baleado durante un vuelo con destino a Barranquilla que había partido desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Asesinato de Carlos Pizarro
Meses antes del crimen, en Medellín fueron reclutados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Gerardo Gutiérrez Uribe y Andrés Gutiérrez Maya, dos jóvenes a quienes convencieron de asesinar a dos candidatos presidenciales con la promesa de que sus familiares recibirían grandes cantidades de dinero.
Andrés Gutiérrez Maya fue el responsable de terminar con la vida de Bernardo Jaramillo Ossa, mientras Gerardo Gutiérrez Uribe recibió la orden de ultimar al líder de la Alianza Democrática. Esa mañana, el joven ingresó al vuelo en el que también se movilizaba el candidato presidencial con una cédula falsa a nombre de Álvaro Rodríguez Meneses, ocupando el asiento 5C.
Luego de que el piloto indicara a los pasajeros que podían desabrochar sus cinturones, Gerardo Gutiérrez Uribe se levantó de su asiento y, tras afirmar a una azafata que tenía que entrar al baño, salió de este espacio con una ametralladora que descargó en una ráfaga de disparos en el cuello y cabeza del candidato.

Desde la Dijín y el DAS señalaron que el magnicidio había sido ordenado por el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, sin embargo, esta versión fue desmentida por el narco, que mediante una carta se alejó de este crimen afirmando que había tenido una buena relación con los militantes del M-19.
Gerardo Gutiérrez Maya, por su parte, era la única persona que podía revelar detalles del crimen, pero fue asesinado por uno de los escoltas del DAS a pesar de que algunos testigos señalaron que el joven había soltado su arma en una clara intención de entregarse.
Años más tarde fue Carlos Castaño quien asumió la responsabilidad en el crimen, detallando que se había encargado de entrenar personalmente al joven; además, el líder de las AUC le habría afirmado a Gutiérrez Maya que dentro del avión iban a viajar más miembros de la organización para defenderlo y rescatarlo cuando el avión volviera a aterrizar.

35 años después no hay culpable en el crimen de Carlos Pizarro
En el proceso investigativo fue capturado Jaime Ernesto Gómez Muñoz, que era uno de los escoltas del DAS que tenían la tarea de salvaguardar la integridad de Carlos Pizarro. Gómez fue señalado como la persona que terminó con la vida del asesino del candidato presidencial, y a pesar de haber sido acusado de estar implicado en el crimen, fue dejado en libertad por vencimiento de términos.
En 2020 la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), representantes de la familia de Carlos Pizarro Leongómez, advirtieron que la investigación del homicidio ha sido un mecanismo de impunidad que atenta contra los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.
Lo anterior debido a que el fiscal Mauricio Ponce fue trasladado a Chocó cuando se estaba determinando la responsabilidad de Manuel Antonio González Henríquez, exjefe de protección del extinto DAS, y Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de la sección de corporaciones públicas de aquella entidad.

Nuevamente en 2023 este crimen ha tenido un cambio significativo en las determinaciones legales, ya que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez por el homicidio de Carlos Pizarro.
Maza estaría involucrado en las órdenes que debilitaron el esquema del líder político unos días antes de que fuera asesinado, además de hechos de desviación de la investigación con la que se buscó que no se conocieran los verdaderos responsables del crimen.
“Hay indicios de que por cuenta de otra estrategia implementada por el mayor general (r) Maza Márquez, fue desviada la investigación para dirigir la atención hacia el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria”, puntualizó la Fiscalía.
Maza Márquez cumple con una condena de 30 años de prisión por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento.
En noviembre de 2024 el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el asesinato del líder político.
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