El caso de violencia de género, intimidación y acoso judicial contra una magistrada por el que fue condenada la Fiscalía General de la Nación

El ente acusador deberá indemnizar a María Guarnizo Torres por falsas acusaciones y por haber ejercido sobre ella una presión judicial indebida

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La entidad fue condenada por hechos ocurridos en medio de la investigación por manejos de recursos del régimen subsidiado de salud en el Huila - crédito - Mariano Vimos/Colprensa.
La entidad fue condenada por hechos ocurridos en medio de la investigación por manejos de recursos del régimen subsidiado de salud en el Huila - crédito - Mariano Vimos/Colprensa.

Por falsas imputaciones, actos de violencia de género, intimidación y acoso judicial, la Fiscalía General de la Nación fue condenada a indemnizar a la expersonera de Neiva y actual magistrada de la Comisión de Disciplina Judicial Lina María Guarnizo Torres.

La demanda tuvo su origen en medio de las investigaciones por el escándalo del manejo de los recursos del régimen subsidiado de salud, en las que Guarnizo fue presionada indebidamente para hacer declaraciones en contra de Armando Ariza, el exdirector de la Caja de Compensación Familiar del Huila, así como contra otros funcionarios, según reportó el medio local de ese departamento La Nación.

Guarnizo, que para ese entonces estaba embarazada, denunció en agosto de 2017 afectaciones a derechos constitucionales e internacionales amparados.

Según dijo en su momento, las presiones fueron ejercidas por el entonces fiscal anticorrupción Ciro Alfonso Castillo Lobelo y el fiscal de apoyo Daniel Fernando Díaz Torres, que dicho sea de paso, fue condenado por corrupción más adelante.

Además, la Fiscalía reveló falsamente que Guarnizo había pasado una noche en la cárcel con Ariza, lo que el mismo Inpec desmintió después. De hecho, el entonces juez administrativo Tito Alejandro Rubiano, esposo de la togada, reveló las graves afectaciones sufridas por esa acusación.

De tal manera que la defensa de Guarnizo, la abogada Ana Marcela Gómez Amézquita, afirmó que la Fiscalía actuó dolosamente con la intención de obtener una declaración contraria a la verdad, algo que fue comprobado con documentos y testimonios.

Ante esto, el exfiscal anticorrupción Castillo Lobelo negó las acusaciones en contra suya, afirmando que nunca incurrió en actos de corrupción, intimidaciones o persecución.

Pero el juez Séptimo Administrativo, Carlos Daniel Cuenca Valenzuela, concluyó que el actuar de la Fiscalía constituyó un trato desigual y una expresión de violencia contra la mujer, lo cual produjo un daño a la honra y buen nombre de Guarnizo, por lo que ahora la togada deberá ser reparada. Este fallo apenas es de primera instancia.

Escándalo Odebrecht: la Fiscalía le imputó cargos a 10 exfuncionarios de la ANI por corrupción

Imputación de cargos contra contra 10 exfuncionarios de la ANI por corrupción - crédito EFE/Germán Falcón
Imputación de cargos contra contra 10 exfuncionarios de la ANI por corrupción - crédito EFE/Germán Falcón

En la mañana del miércoles 30 de agosto, la Fiscalía General de la Nación imputó a un grupo de exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), así como a un contratista y un interventor de esa entidad, por su presunta participación en actos irregulares en cuatro adiciones al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010, que tenía por objeto la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.

El ente acusador aseguró en un comunicado que el material de prueba evidencia que estas personas actuaron de manera colectiva y avalaron los estudios de conveniencia, sustentación, valoración y presentación de actas de convalidación de los otrosíes N°3 del 15 de julio de 2013.

“Los exfuncioanrios se habrían alejado de sus funciones públicas y obligaciones, para participar de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el contrato original en su presupuesto y terminaron por beneficiar a la concesionaria de la que hacía parte Odebrecht”, explicó la Fiscalía.

Entre los estudios que contrataron los dueños se encontraron los siguientes tramos: Ocaña – Gamarra; N°6 del 14 de marzo de 2014, que incorporó la obra Ocaña - Gamarra y cambió la forma de pago; N°7 del 14 de mayo de 2014, que también modificó en dos partes la forma de pago; y N°9 del 4 de diciembre de 2015, que varió cinco aspectos relacionados con el desembolso del dinero.

Los investigados son:

  • Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.
  • María Clara Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera.
  • Beatriz Eugenia Morales Vélesz, exvicepresidente de Estrruturación.
  • Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión.
  • José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros.
  • David Leonardo Montaño García, experto GGC2.
  • Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual.
  • Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista).
  • César Augusto Peñalosa Pabón, exgerente de proyectos.
  • Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.
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