Desde las 9:00 a. m. del jueves 31 de agosto se llevó a cabo la audiencia de observaciones de víctimas de ‘falsos positivos’ a la resolución de conclusiones emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra exmilitares del Batallón La Popa y terceros civiles que tuvieron participación en estos crímenes.
Durante la diligencia, realizada en Valledupar, tanto las víctimas acreditadas como sus representantes reclamaron desacuerdos con los aportes hechos por los investigados en el tribunal. En ese sentido, exigieron más contribuciones a la verdad por los hechos indagados en el macrocaso 03 –asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado–.
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Yesenia Flórez Hernández, hermana de Albeiro, narró la manera en que ocurrió su asesinato el 15 de mayo de 2003 por integrantes de La Popa, las graves afectaciones que dejó este asesinato en su familia y las medidas de reparación que deberían ser implementadas por los investigados.
“Es fácil para los comparecientes decir ‘perdón, no lo quisimos hacer‘ o ‘solo les pido perdón a ustedes las víctimas‘. Con esas palabras ellos no alivian el dolor que nosotros sentimos, con esas palabras ellos no le quitan el dolor a mi madre ni a mí que fui su única hermana (...) Dios es tan grande que mi mamá está viva por un marcapasos”, relató la víctima ante la magistratura y otras víctimas. También contó, con una foto enmarcada de su familiar asesinado, la forma en que tuvieron conocimiento del hecho.
Al enterarse de esa noticia que salió en el periódico el 16 de septiembre, ella estaba en una reunión, yo estaba embarazada de mi hijo mayor. Yo ese día, haciendo aseo feliz en mi casa, llega una tía con el periódico, mi mamá no estaba, y me dice ‘Yese, bájale el volumen al radio, ¿dónde está tu mamá’. Cuando ella me muestra el periódico, dice ‘los familiares que no han llorado a sus víctimas’ algo así, y aparecía el nombre de Albeiro Flórez Hernández de Luruaco, Atlántico”. En total, la búsqueda duró más de siete años de acuerdo con su testimonio.
Por otra parte, Lina Hurtado, representante de víctimas, pidió a los comparecientes ampliar su relato relacionado con el caso de Evelio Vaca, asesinado el 31 de julio de 2003. Dicha solicitud fue elevada debido a que el dictamen de la Fiscalía arrojó que su cuerpo tenía señales de violencia antes de su muerte. En ese sentido, exigieron que los investigados Edward Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Yeris Gómez Coronel y Guillermo Gutiérrez Riveros.
Incluso, el representante de víctimas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo manifestó ante los magistrados que hay una “insatisfacción generalizada” de las víctimas sobre las propuestas de sanción hechas por los comparecientes. Sobre esto, propuso establecer un diálogo más cercano con ellas para conocer cuáles son sus necesidades reales de verdad y reparación.
“Si la percepción del Batallón La Popa era exterminar al enemigo que estaba compuesto por pueblos indígenas y era esa su perspectiva, por simple lógica la conclusión es que había también una motivación de exterminar a los pueblos indígenas que asociaban como enemigos”, reparó Sebastián Escobar.
Otras víctimas, como Eduardo Pumarejo, padre de Carlos Alberto Pumarejo, dijo que aún sigue esperando que los exmilitares reparen la dignidad de su familiar y que aclaren que él no era guerrillero al momento de ser asesinado.
“Ningún soldado ha dicho ‘yo lo maté, solo dicen ‘fueron órdenes específicas‘ y sabemos que en manos del coronel –Publio Hernán– Mejían aliado con sus paramiliares y el señor Jorge 40. ¿Quién no sabe aquí dónde quedaba la comandancia de los paramilitares? Allí a 5 kilómetros del batallón y no pasaba nada”, expuso la víctima sobre la verdad que falta por saber por parte de los comparecientes.