La senadora del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, informó en su cuenta de X (antiguo Twitter) que se radicó el proyecto de ley que busca establecer nuevas condiciones para la contratación por prestación de servicios en Colombia.
“La presente ley tiene por objeto proteger de abusos a las personas que trabajan bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios; la estructuración de la actualización de las plantas de personal de las entidades del Estado, junto con la modernización de las mismas; y la prevención del encubrimiento de relaciones laborales bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios en el sector público”, se lee en el documento en cuestión.
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De acuerdo con la senadora, esta es la quinta vez que se busca establecer nuevas condiciones de trabajo para quienes laboran por prestación de servicios. Así las cosas, con esta iniciativa se tiene pensado ponerle un “tatequieto” a los abusos que se cometen bajo esta modalidad contractual.
“[Buscamos] garantizar el descanso remunerado, garantizar una tabla de honorarios objetiva. Buscamos que las personas que trabajan por servicios tengan un ahorro, algo equivalente a una prima, que pueda el Fondo Nacional del Ahorro, que es público, abrir una línea de crédito y que allá se le consigne, por ejemplo, por un año de servicios, la cuarta parte de estos honorarios y que se puedan consignar directamente allá la entidad”, detalló la senadora en un video publicado en X.
Asimismo, indicó que el proyecto de ley tiene contemplada la unificación del pago que los contratistas deben hacer mensualmente a Seguridad Social. Esto aplicaría en caso de que la persona cuente con más de un contrato por el cual esté respondiendo de manera simultánea, teniendo en cuenta que no hay una “dedicación exclusiva” a un solo empleo.
Por su parte, cuando se trate de alguien que solo tiene un contrato por prestación de servicios, la iniciativa buscará que sea la entidad contratante la que haga el pago a la Seguridad Social mes vencido.
Lozano también explicó que el proyecto de ley tiene como objetivo también solucionar los problemas de trámite que hay para que se logre efectuar el pago de honorarios a los contratistas, quienes tienen que presentar informes y recibos para recibir su remuneración. Estos requisitos muchas veces representan tardanzas de incluso meses para que el trabajador reciba el pago que le corresponde por la labor realizada, indicó la congresista.
Según la senadora, esta parte de la iniciativa no ha salido adelante porque hay personas que se aprovechan de dichos trámites para abusar contractualmente de los contratistas. Además, precisó que también hay un abuso político por medio de ellos.
Por su parte, de acuerdo con el proyecto de ley, los contratos que se suscriban bajo la modalidad de prestación de servicios deberán contar con cláusulas penales obligatorias que cobijen y protejan a los trabajadores.
“Todo contrato de prestación de servicios que se encuentre dentro de los criterios de aplicación de la presente ley deberá incluir una cláusula penal en favor del contratista, de por lo menos un 10% del valor total del valor total del contrato y el de sus prórrogas, y será exigible cuando el contratante incumpla las disposiciones contractuales o vulnere los derechos reconocidos en la presente ley diferentes al retraso en el pago de honorarios. En caso de que exista cláusula penal en favor del contratante, esta no podrá ser superior a la cláusula en beneficio del contratista”, detalla la iniciativa.
La senadora Lozano explicó en el video que la modalidad de prestación de servicios actual ha permitido que se generen abusos a los contratistas en la medida en que se han utilizado de manera permanente, cuando debería tratarse de trabajos determinados por cierta cantidad de tiempo.
“Hay una injusticia, una figura de prestación de servicios que es un contrato razonable para servicios temporales, hay un abuso y es que se usa para servicios permanentes y ese mal ejemplo, ese abuso lo da principalmente el Estado desde las 1,000 alcaldías hasta la Presidencia. Hay más de 900,000 personas por prestación de servicios en el sector privado”, sostuvo Lozano.
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