La paz también debe ser con ellos: así está el panorama de la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada en Colombia

Para 2021, el Observatorio de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica habló de 80.742 personas víctimas de desaparición forzada. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, serían más de 121.000 las personas víctimas de este flagelo. Para la Unidad de Búsqueda, este universo es aproximado a los 104.000 casos, una cifra tan variable como abrumadora, pues se trata de un reflejo del impacto que ha tenido la violencia en Colombia y las atrocidades de la guerra.

Antes de que la institucionalidad se encargara de una buena parte de la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente en el país, esta labor era propia de las organizaciones sociales y familiares de aquellos ciudadanos cuyo paradero aún es desconocido.

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En los últimos 10 años, se sumaron a esos esfuerzos por reducir la agobiante cifra las instancias creadas en el Acuerdo Final de Paz, que son la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda –UBPD–, las cuales se consolidaron con el primer objetivo de, respectivamente, establecer los mecanismos de verdad, justicia y reparación tras las afectaciones del conflicto armado interno. Ese trabajo conjunto, que parece infinito, es digno de un balance en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Por el camino de la búsqueda transitan colectivos como el Orlando Fals Borda, el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Social –Equitas– y fundaciones como Nydia Érika Bautista y Hasta Encontrarlos. Para Pablo Cala, vocero de esta última, los avances presentados en el último año por el sistema de búsqueda son destacables, pero se quedan cortos ante la gran cantidad de personas por encontrar.

“Sobre la búsqueda se construyó una expectativa muy grande frente al resultado que se ha presentado en la realidad. En el último informe que presentó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas a inicios de este año mostraba una cifra no muy superior a 1.000 personas que, o han sido recuperados sus cuerpos, o están en proceso de identificación o han sido entregados a sus familiares. No ha sido un avance sustantivo con relación a la búsqueda y el hallazgo de personas desaparecidas”, explicó el defensor de derechos humanos a Infobae Colombia.

En esa medida, explicó que si bien fueron creadas instancias como la UBPD, no se aprovechó para fortalecer otras como Medicina Legal, que también contribuyen al hallazgo de desaparecidos de manera forzada durante el conflicto. Para Cala, este instituto tiene una “doble carga”: mientras que por un lado aporta a la búsqueda, por el otro debe cumplir su labor dentro de procesos judiciales adelantados por la Fiscalía y que requieren apoyo forense.

Tener más presencia en zonas rurales y veredas, ese es uno de los principales retos de la Unidad de Búsqueda a cargo de Luz Janeth Forero, su directora. En diálogo con este medio, sostuvo que falta mucho para que el país termine de reconocer las funciones de la instancia perteneciente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición consignada en el Acuerdo Final con las antiguas Farc.

“Es clave posicionar el mandato de la Unidad, porque todavía es muy desconocida, hay muchas confusiones alrededor de su mandato”, reconoció la funcionaria sobre la necesidad de hacer pedagogía sobre la función extrajudicial de la UBPD y la neutralidad para el hallazgo de personas raptadas. También hizo un llamado a fortalecer la articulación con los organismos de justicia y a los colectivos sociales y víctimas no organizadas para seguir en la búsqueda.

“Hemos recuperado más de 900 cuerpos, de los cuales muchos están en Medicina Legal y pronto estaremos surcando la línea de los 200 cuerpos identificados y entregados dignamente a las familias. También hemos encontrado 16 personas con vida y ese es un resultado muy importante para nosotros, porque parte del principio universal de que las personas se buscan con expectativa de vida”, precisó también la directora de la Unidad.

Mariana Ardila, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, indicó a Infobae Colombia que otro de los retos es avanzar en el reconocimiento de las mujeres buscadoras no solo a nivel legislativo –para lo cual fue radicado el proyecto de ley 242 de 2022 que busca exaltar esta labor– sino dentro de la sociedad civil.

Ante la falta de institucional, el trabajo de las personas buscadoras se volvió vital tanto para el hallazgo de desaparecidos como para la recopilación de las cifras, cuya exactitud es incierta por las mismas dinámicas del conflicto y otros tipos de violencias ejercidos contra las víctimas.

También es necesario robustecer todo el sistema de búsqueda. “Hay que poner de precedente que hay más de siete mil cadáveres recuperados, cuyos restos no se han podido identificar. Tenemos sus cuerpos, sus restos y como institucionalidad no nos hemos articulado lo suficiente y no le hemos dado la prioridad necesaria para impulsar que sean identificadas y entregadas de forma digna”, mencionó la funcionaria.

Para mejorar los resultados en las labores de búsqueda y hallazgo, Pablo Cala explicó que desde Hasta Encontrarlos plantearon cuatro soluciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Usaid. “El primero es una política pública de búsqueda con un sistema nacional, una articulación entre las entidades y que se superen los cuellos de botella” a fin de que estas labores no queden solo en manos de la UBPD.

Como segunda medida, el buscador mencionó la apertura de archivos militares y de seguridad para que los movimientos y personas no organizadas tengan acceso a la información de casos presentados desde la década de 1980. “Lo tercero tiene que ver con la participación de los familiares. No puede seguir siendo tomada como algo accesorio o simplemente para mostrar que hay participación convocándolos a eventos, sino que esta debe ser decisoria, incidente y determinante en las acciones de búsqueda”.

Por último, reiteró en el apremio por robustecer el Instituto de Medicina Legal para mitigar el represamiento de los 7.000 cuerpos que siguen sin identificar, así como reforzar el banco de perfiles genéticos “y adoptar bien sea por solicitud o donación del gobierno de Estados Unidos el sistema de información utilizado para la identificación de las víctimas del 11 de septiembre”, con el fin de consolidar los cotejos dela información recogida.

Desde inicios del Gobierno actual se habló de revivir el mandato de la Comisión de la Verdad, el cual terminó en agosto de 2022 dejando como principal legado los 13 volúmenes que conforman el Informe Final. Tanto el presidente Gustavo Petro como el canciller Álvaro Leyva han mencionado una opción de volver a instaurar una entidad de este carácter para escuchar a los actores del conflicto.

Dicha propuesta volvió a tomar fuerza tras la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz y la declaración entregada por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, en el ‘Encuentro por la verdad’ realizado en Bogotá. En esa medida, Ardila mencionó una viabilidad de que la instancia que pertenecía al Sistema Integral para la Paz vuelva a tener incidencia en los procesos de justicia y búsqueda de desaparecidos.

“Yo no lo descartaría. Sería muy interesante hacer un balance y ver qué falta, porque sin duda ya hay, pero ante la magnitud del fenómeno es grande y tal vez las víctimas tienen alguna opinión al respecto sobre qué verdades faltarían. Por ejemplo, todavía hay deudas importantes en materia de un enfoque de género en la desaparición”, dijo la directora de Justicia Transicional al respecto.