Escándalo Odebrecht: la Fiscalía le imputó cargos a 10 exfuncionarios de la ANI por corrupción

En la mañana del miércoles 30 de agosto, la Fiscalía General de la Nación imputó a un grupo de exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), un contratista y un interventor de esa entidad por presunta participación en actos irregulares en cuatro adiciones al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010, que tenía por objeto la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.

De acuerdo con un comunicado, el ente investigador aseguró que el material de prueba evidenciaron que estas personas actuaron de manera colectiva y avalaron los estudiosde conveniencia, sustentación, valoración y presentación de actas de convalidación de los otrosíes N°3 del 15 de julio de 2013.

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“Los exfuncioanrios se habrían alejado de sus funciones públicas y obligaciones, para participar de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el contrato original en su presupuesto y terminaron por beneficiar a la concesionaria de la que hacía parte Odebrecht”, explicó la Fiscalía.

Entre los estudios que contrató los dueños se encontraron los siguientes tramos: Ocaña – Gamarra; N°6 del 14 de marzo de 2014, que incorporó la obra Ocaña - Gamarra y cambió la forma de pago; N°7 del 14 de mayo de 2014, que también modificó en dos partes la forma de pago; y N°9 del 4 de diciembre de 2015, que varió cinco aspectos relacionados con el desembolso del dinero.

Los investigados son:

• Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.
• María Clara Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera.
• Beatriz Eugenia Morales Vélesz, exvicepresidente de Estrruturación.
• Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión.
• José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros.
• David Leonardo Montaño García, experto GGC2.
• Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual.
• Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista).
• César Augusto Peñalosa Pabón, exgerente de proyectos.
• Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.

Es así que el ente investigador explicó que estas actuaciones de los exfuncionarios, contratista y el exinterventor habrían desconocido el objeto del contrato de concesión original, por lo que “permitieron que se incluyera una nueva vía que no tenía relación ni conexión física con el proyecto Ruta del Soll II, es decir, fueron vulnerados principios esenciales como planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad y economía”, dice el documento.

Adicionalmente, la Fiscalía estableció que fueron destinados en favor del concesionario contratista del cual hacía parte la multinacional brasileña Odebrecht, 3.177 millones de pesos para los estudios y diseños de la obra Ocaña – Gamarra. Estos dineros fueron asegurados con vigencias futuras sin las autorizaciones del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

De esta manera, el ente investigador afirmó que se ocasionaron perjuicios al Estado, en el que se incrementó el presupuesto original y fueron girados anticipos para brindar flujo de caja al concesionario. Por esta razón, estas personas deberán responder por los delitos de contratoo sin el cumplimiento de requisitos legales e interés en la celebración de contratos; cargos que ninguno de ellos aceptó.

La Fiscalía General de la Nación (FGN) dio a conocer el entramado de corrupción que rodea la empresa brasileña Odebrecht por hechos ocurridos entre 2009 y 2016. De acuerdo con la investigación del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la entidad, se habría creado una empresa para entregar sobornos en Colombia, los cuales alcanzaron los 80.000 millones de pesos.

En los resultados reportados por la entidad, se informa que parte de las acciones ilícitas de la multinacional involucran a dos excandidatos a la Presidencia de la República. Según el ente acusador, hubo un ingreso de 3.540 millones de pesos de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y, para la de Óscar Iván Zuluaga, el ingreso fue de 3.045 millones de pesos.

De acuerdo con el fiscal Gabriel Jaimes, la primera entrada de los dineros de Odebrecht para la campaña de Santos fue en 2010. El segundo ingreso se regisgtró en las campañas de ambos excandidatos para la segunda vuelta de 2014.