El Defensor del Pueblo de Colombia y la Defensora de los Habitantes en Costa Rica piden garantías para migrantes a EE.UU.

Afirmaron que son constantes las denuncias de violaciones de Derechos Humanos de las personas que viajan a cumplir el ‘Sueño Americano’ en una travesía por la selva del Darién, en Centroamérica

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Los representantes de los organismos estatales que defienden los Derechos Humanos en Colombia y Costa Rica instaron a sus gobiernos para que brinden garantías humanitarias a los migrantes a Estados Unidos. (EFE/Carlos Lemos)
Los representantes de los organismos estatales que defienden los Derechos Humanos en Colombia y Costa Rica instaron a sus gobiernos para que brinden garantías humanitarias a los migrantes a Estados Unidos. (EFE/Carlos Lemos)

La defensora de los Habitantes de Costa Rica, Angie Cruickshank, y el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, hicieron un llamado a los Gobiernos de los dos países para que garanticen los Derechos Humanos y el tránsito seguro y digno de los miles de migrantes que atraviesan la inclemente selva del Darién para cumplir el ‘Sueño Americano’ en Estados Unidos.

“La situación es muy crítica y, además, de una permanente crisis humanitaria también es una crisis ambiental y de seguridad nacional para varios países de la región. Lo más preocupante es que los gobiernos no dan muestras reales de querer atender la grave situación, porque pareciera que no es prioritario en sus agendas nacionales”, aseguró Camargo en un comunicado que divulgó la Defensoría de los Habitantes del país centroamericano, el martes 29 de agosto.

El defensor colombiano afirmó que su país “debe promover la gestión migratoria con perspectiva de derechos humanos para favorecer una migración segura, ordenada, regular y bajo condiciones de dignidad humana”, pero lamentó que “la realidad es que ni siquiera conocemos cifras de migrantes por parte de las autoridades colombianas y su caracterización”.

Por su parte, la defensora de los habitantes de Costa Rica, Angie Cruickshank, reiteró la necesidad de acelerar los procesos de articulación y coordinación interinstitucional local y regional ante la crisis humanitaria que viven miles de personas migrantes que atraviesan las fronteras de estos países rumbo hacia Estados Unidos.

La defensora subrayó la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran mujeres embarazadas, menores que viajan solos o que han quedado atrapados por las dificultades en el trayecto, personas con discapacidad y personas adultas mayores, quienes por su condición requieren de un trato humanitario prioritario.

“Debe ser de atención especial el impacto que viven las comunidades que reciben a estas personas migrantes, para lo cual se hace necesario el apoyo de las diversas instituciones con medidas que permitan generar tranquilidad en un abordaje ordenado y digno de estos flujos migratorios”, dijo Cruickshank.

Los defensores citaron cifras del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, que indican que en lo que va el 2023 más de 300.000 personas ingresaron irregularmente de Colombia a Panamá por la selva del Darién.

En las últimas semanas Costa Rica también ha experimentado un incremento en la entrada de estos migrantes desde Panamá. En la actualidad cerca de 3.000 ingresan a Costa Rica cada día, cuando anteriormente el número era de menos de mil.

Muchos de estos migrantes se quedan varados en Paso Canoas, del lado costarricense de la frontera, pues no tienen los 30 dólares que cuesta el boleto de autobús directo hasta la frontera con Nicaragua, que es la única ruta habilitada por el Gobierno para el tránsito de estas personas por el territorio costarricense.

El lunes la jefa de la oficina migratoria de Panamá, Samira Gozaine, responsabilizó a los organismos internacionales de la avalancha migratoria en la jungla del Darién, y además criticó el trabajo de las autoridades de Colombia en el tema.

“¿Por qué no van a Colombia y preguntan por qué los dejan pasar? Porque no los deberían dejar pasar. Allá todo es un negocio. El pueblo les cobra, los secuestran y no los deja pasar, si no les pagan 500 dólares por persona. Les preguntaba y me decían, no hay autoridades aquí que estén controlando y regulando nada. Se sienten seguros cuando ven la bandera de Panamá”, señaló para el medio panameño TVN.

Incluso denunció que el nivel de degradación ha llegado al punto que en la frontera con el país hermano los ‘coyotes’ le dan pastillas anticonceptivas a las mujeres porque seguramente serán víctimas de abusos sexuales en su travesía.

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