Organizaciones de víctimas solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamar a declarar al expresidente Juan Manuel Santos y a otros dos exministros de Defensa, en medio de la investigación que adelanta por falsos positivos en Colombia.
La petición fue radicada por el Espacio de Litigio Estratégico, una articulación de organizaciones de víctimas conformada por: Colectivo José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo OFB, la Comisión Colombiana de Juristas y otras colectividades, quienes expresaron su intención de esclarecer los hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales en el país.
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El documento pide a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP que sea llamado a declarar el expresidente Juan Manuel Santos a manera de testigo, para que entregue información relacionada con dichos crímenes registrados mientras fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009.
Representantes de las víctimas también solicitaron sean llamados a rendir versión los exministros de Defensa Camilo Ospina Bernal y Jorge Alberto Uribe Echavarría, quienes ocuparon el cargo entre los años 2003 y mediados del año 2006; y además, a 22 generales en retiro de las fuerzas militares.
Entre los que podrían ser citados a audiencia están los generales en retiro del Ejército Nacional: Mario Montoya Uribe (ya citado por falsos positivos en Dabeiba), Reinaldo Castellanos Trujillo, Carlos Alberto Ospina y Freddy Padilla de León, Óscar González Peña, Carlos Ovidio Saavedra, Guillermo Quiñonez Quiroz y Carlos Arturo Suárez Bustamante, algunos pertenecientes a las divisiones del Ejército donde se registraron el mayor número de falsos positivos.
Las organizaciones de vícitmas reiteraron la urgencia de priorizar el caso y sus investigaciones en altos mandos del Estado. Lo anterior, argumentando que, cinco años después de la apertura del caso en la JEP, no se ha logrado establecer quiénes dieron las órdenes para las ejecuciones extrajudiciales y que solo se han tocado medios mandos relacionados con el caso.
“Aunque para estas representaciones es de muy buen recibo la implementación de la fase de instrucción nacional, y se es consciente de sus fundamentos, se ha de tener en cuenta que las acciones de justicia restaurativa deben estar guiadas en pro del deber de materializar y garantizar en integridad los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, entre otros”, señala la petición de Espacio de Litigio Estratégico.
La Jurisdicción Epecial para la Paz abrió el Caso 03 para investigar los “asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, en departamentos fuertemente golpeados por el conflicto armado como Dabeiba, el Catatumbo, Meta, Huila, Casanare, Costa Caribe, entre otros.
El pasado 17 de julio de 2023, la JEP anunció que iniciaría indagaciones a mandos militares y a quienes ocuparon altos cargos en el Estado entre 2005 y 2008. De tal manera que los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos podrían ser citados a declarar.
De todas formas, el alto tribunal aclaró que los dos expresidentes serán citados solamente en calidad de testigos, pues no tiene la facultad para investigarlos. No obstante, si encuentra méritos suficientes, podría compulsar copias a las autoridades responsables.
“Se trata de identificar si hay o no bases suficientes para determinar que miembros de la Fuerza Pública en el nivel divisional y/o nacional tuvieron conocimiento de la sistematicidad y generalidad de los crímenes. Si participaron de manera directa o indirecta, por acción u omisión en las políticas o patrones de macrocriminalidad, y/o si actuaron o no con la debida diligencia para detener oportunamente los crímenes, teniendo los medios para hacerlo”, indicó el magistrado Óscar Parra en rueda de prensa.
Sobre las razones para centrarse en el periodo entre 2005 y 2008, el tribunal explicó que en ese tiempo se registró el pico más alto de ‘falsos positivos’ y porque se tomaron decisiones militares que incidieron en la victimización. Así mismo, luego de 2005, el patrón de asesinatos y desapariciones forzadas motivados por la presión de los resultados ya se habría consolidado.
Para este periodo de tiempo, Álvaro Uribe Vélez era presidente de Colombia y Juan Manuel Santos era su ministro de Defensa nacional.