Detalles del proyecto de ley que volvería la educación un derecho fundamental: sería presentado en la primera semana de septiembre

Según el segundo borrador del proyecto, la Nación tendría un plazo de 20 años para implementar la educación gratuita a niños y jóvenes del país. Además, aclara detalles sobre el grado 12, que ha generado polémica en las últimas semanas

La ministra de Educación de Colombia, Aurora Vergara-Figueroa, en una fotografía de archivo - crédito Carlos Ortega/EFE

En las últimas horas se dio a conocer que ya está listo el segundo borrador del proyecto de ley estatutaria que convertía la educación, en todos sus niveles, en un derecho fundamental para los colombianos. El nuevo documento traería cambios sustanciales y pondría tiempo para establecer los mecanismos y financiación para garantizar el fácil acceso.

Dicho texto sería el que presente el Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre ante el Congreso de la República, y pasaría de 21 a 33 artículos, en los que se incluyen a las instituciones de tipo mixto y aclara las circunstancias bajo las cuales se puede implementar el grado 12 y 13 en la educación media.

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Según el documento revelado por El Espectador, el nuevo borrador hace cambios del artículo 4, en el que se define el sistema de educación, agregando a las instituciones de carácter mixto que no aparecían en el presentado en julio de 2023, además de incluir varios principios como la igualdad, la universalidad y la protección de comunidades minoritarias y diversas, por los cuales se regirá el derecho a la educación.

Asimismo, se incluyeron 12 artículos al proyecto, en los que el Gobierno nacional deja claridad sobre la disponibilidad de la educación, es decir, establece los mecanismos para garantizar que siempre haya recursos, edificaciones y contratación de docentes para garantizar una educación continua y de calidad para todos los niños y jóvenes del país.

Además, se agregaron programas de alimentación y transporte escolar, con el fin de asegurarle a la población estudiantil, especialmente para educación básica y media, que tendrá garantías nutricionales y de movilidad a la hora de ingresar al sistema educativo de Colombia. En ese sentido, también garantizaría los servicios administrativos para que los programas perduren en el tiempo de forma sostenible.

El proyecto de ley estatutaria para decretar la educación como un derecho fundamental de los colombianos sería presentado en el congreso en la primera semana de septiembre - crédito Ministerio de Educación

El nuevo borrador también se detiene en los mecanismos que deberán adoptar las instituciones y el sistema de educación para garantizar el acceso a las comunidades étnicas que, según pronunciamientos del Gobierno nacional, son uno de los motivos principales para radicar la reforma estatutaria.

En su segunda versión, el Ministerio de Educación puso claridad a la implementación del grado 12 y 13 en las instituciones educativas, ya que en su primera presentación se mencionó de forma vaga bajo qué parámetros se podían abrir estos cursos en las instituciones de educación media. Incluso, esta noticia generó polémica y dio paso a varias interpretaciones, muchas de ellas que aseguraban que un nuevo año escolar sería obligatorio para graduarse de bachillerato.

Ahora, el Gobierno nacional especificó que la inclusión de estos grados, que representan una articulación entre la educación media y superior, será aplicable solo en el caso de escuelas normales superiores, es decir, en instituciones con especialidad en la formación de nuevos docentes de preescolar y básica.

Uno de los artículos del documento se centra en la formación de los estudiantes desde todos los saberes y niveles, incluyendo directrices para garantizar enseñanza en ciencia y tecnología; desarrollo de la cultura y las artes; formación ciudadana y la formación física, deportiva y de recreación.

El proyecto de ley incluye los conceptos de equidad y ruralidad, con los que el Gobierno nacional estipula que el sistema de educación, y las instituciones, tendrá que adaptarse para incluir a la población que habita fuera de los cascos urbanos. Así mismo, las universidades e instituciones de educación superior tendrán que apartar como mínimo el 20% de sus plazas para asignarlo a la población rural del país.

Como última novedad, la reforma estatutaria tendría también como eje central a los docentes, por lo que se solicita que sea dignificada la labor de los educadores y se ajusten sus condiciones laborales, así como salariales y de bienestar.