La indemnización por despidos podría incrementarse hasta cuatro veces en Colombia con la nueva reforma laboral

El proyecto de reforma laboral afecta la empleabilidad, frena el desarrollo económico del país y les da la espalda a los sectores más vulnerables del mercado laboral, incrementando, además, las indemnizaciones por despidos. Así lo advierte la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip).

Igualmente, la entidad señala que la nueva propuesta es una continuación inaceptable de las mismas fallas que ocasionaron que el anterior proyecto fuera tumbado en el Congreso de la República.

Un documento publicado por la federación prevé que la aplicación de la reforma laboral una reducción en la producción debido al encarecimiento de la mano de obra. Además, se reducirían o modificarían los horarios de atención al público, sin proveerse con un estímulo directo para incrementar la productividad laboral.

Igualmente, asegura que la iniciativa “no está enfocada en resolver los principales problemas del mercado de trabajo colombiano: el desempleo y la informalidad, sigue estando pensada para una minoría del país, esto es, los aproximadamente 10 millones de colombianos que tienen un contrato de trabajo. En este proyecto, al igual que el anterior, no se promueve la generación de empleo, siendo este uno de los principales problemas del país, lo que demuestra que al gobierno no le preocupan los más vulnerables del mercado laboral: los desempleados”.

En el documento se advierte que “las normas sobre tercerización (contratación y subcontratación) van en contra de las mipymes, al establecerse la solidaridad en todos los casos, no solo para las actividades afines a la contratante y, adicionalmente, una acción de reintegro (más una indemnización) del personal del contratista desvinculado. Tales medidas conllevarán a que los usuarios de la contratación de terceros para servicio u obras, se inclinen por la contratación exclusiva de grandes empresas y no por las micros y pequeñas, respecto de las cuales les tocaría responder, inclusive, asumiendo la excesiva obligación de asumir el personal del contratista aún cuando no sea afín”.

Del mismo modo, se explica que “se consagra un aumento desmedido de la indemnización por despido sin justa causa. Se duplica, triplica y cuadruplica y hasta más la indemnización, dependiendo de la antigüedad, la que pasa de 20 a 60 días por años subsiguientes al primero, cuando el trabajador cumpla 10 años. Esto, se convertirá en un estímulo para que los empresarios despidan a sus empleados antes de cumplir estos 10 años, repitiendo un error que se había superado cuando la ley anterior consagraba la acción de reintegro después de cumplir la década de servicios”.

Y al mismo tiempo aseguran que de aprobarse esta reforma cada despido se convertirá en la amenaza del cierre del micro y pequeño empresario, toda vez que, como mínimo, los salarios y prestaciones sociales y costos de un proceso judicial en el que se pretende el reintegro, se puede estimar en aproximadamente $50 millones que se vuelven irresistibles para un micro y pequeño empresario”.

A pesar de esas alertas la Federación destaca tres puntos de la reforma y las considera importantes: primero, crear una modalidad de jornal agropecuario con 2,83, es decir lo ven como necesario; segundo, reconocer como empleados a los trabajadores de las plataformas digitales, también con una calificación de 2,63 que se aproxima al estatus de necesaria; y tercero, la ampliación de la licencia de paternidad con 2,29 que corresponde a poco necesario en la escala.

En contraste, las propuestas menos relevantes son: prohibir los pactos colectivos y la eliminación de la opción de tercerización.

Por último el gremio asegura que “el Gobierno, en el diálogo social, no puede tomar partido de una de las partes, sino estar abierto al desafío de compartir parte de la toma de decisiones con los actores claves de la sociedad. Sin embargo, esto no se ve reflejado en el actual proyecto de reforma, pues el Ministerio del Trabajo está actuando como parte, al no responder a los intereses tripartitos de los actores del mercado de trabajo, ya que los intereses del sector empresarial no se ven reflejados”.