Francia Márquez defendió el polémico programa “Jóvenes de Paz” y dijo que el Gobierno Petro no busca pagarles a criminales

En una sesión del Congreso de la República, la vicepresidenta Francia Márquez sostuvo su posición referente al programa nacional de ‘Jóvenes en Paz’, asegurando que el Estado no busca pagarle a criminales, sino garantizar y proteger de la violencia a las juventudes de todo el territorio.

La vicepresidenta indicó que la idea de pagarle a criminales en Colombia es un argumento por parte de la oposición, aspecto contrario al objetivo que tiene el Gobierno nacional para amparar a los jóvenes más vulnerables del país.

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”Hay un mandato colombiano constitucional del Estado y es el de proteger a la juventud colombiana, así como proteger y garantizar los derechos de todos los colombianos”, recalcó la vicepresidenta.

Márquez añadió que a partir de eso el Gobierno nacional pretende salvaguardar a los jóvenes que se encuentran en los “círculos de la violencia” y generarles oportunidades en educación, trabajo comunitario y formal.

A su vez, la vicepresidenta agregó que el programa de ‘Jóvenes en Paz’ cuenta con un condicionamiento y es la obligación que tienen aquellas personas que se encuentran en los “círculos de violencia”, o que están siendo reclutados por grupos armados, a que estudien a partir de las oportunidades que les proporcionará el Estado colombiano.

“Y, por otro lado, tiene un condicionamiento de trabajo social, ese trabajo lo definiremos en alguna medida con las entidades territoriales, otros van a ser enfocados a temas de promoción de paz y convivencia en sus territorios, así como promoción y garantía de derechos ambientales. Ese condicionamiento tendrá entonces una bonificación que se pagará a esos jóvenes dependiendo del cumplimiento del condicionamiento que el programa está estableciendo”, explicó Márquez.

La vicepresidente enfatizó que el Gobierno busca salvaguardar y proteger aquellos jóvenes que son reclutados por los grupos armados y pandillas criminales en varias zonas del país, con el fin de ofrecerles otras formas de convivir y responder por su hogares.

Márquez resaltó que las bandas criminales pagan para que esos jóvenes comentan un sin fin de delitos, aprovechando la necesidad y vulnerabilidad de ellos, puesto que, para la viceministra, esos jóvenes pertenecen a comunidades violentadas.

“Este programa entonces busca sacar a esos jóvenes del círculo de la violencia. La mayoría de esos jóvenes son hijos de madres cabeza de familia, la mayoría de esos jóvenes son negros, son indígenas, son campesinos empobrecidos. Entonces el que el Estado hoy esté desarrollando un programa para atender a esta juventud no puede verse como un incentivo a la delincuencia. Al contrario, tiene que verse como un Estado Social de Derecho que está asumiendo su responsabilidad constitucional para proteger y sacar de la violencia a la juventud colombiana”, fueron las palabras de la vicepresidenta.

El Gobierno nacional cuenta con un borrador del decreto que fija los lineamientos para el desarrollo y puesta en marcha del programa ‘Jóvenes en Paz’, una de las iniciativas sociales más controversiales del Estado.

A partir de eso, el Ministerio de Haciendo le presentó a la vicepresidenta su concepto sobre la viabilidad de la iniciativa, que constará 1,2 billones de pesos al año y que sería el primer decreto que expida la cartera de la Igualdad.

“Con relación al artículo 43 monto y temporalidad de las transferencias monetarias condicionadas, de acuerdo con la memoria justificativa, la meta de jóvenes a atender con transferencias será de 100.000, por lo que el costo de las 12 transferencias sería de $1,2 billones. Cabe anotar que estos costos están calculados solamente para la transferencia monetaria, sin incluir otros que se puedan presentar”, determina el concepto del entidad nacional de Hacienda.

Con base en eso, la cartera de Hacienda se encontraría a disposición para apoyar cualquier requerimiento adicional, que se encuentre relacionado con la continuidad del proyecto.