Abogado en Miami señalado de sobornar a funcionarios colombianos para comprar armamento italiano

Un abogado en Miami, Florida (Estados Unidos), llamado Umberto Claudio Bonavita, que trabaja para la firma Robert Allen, es señalado dentro de una investigación de la justicia de Italia como el encargado de pagar 80 millones de euros en comisiones a colombianos e italianos por la adquisición de dos submarinos, dos fragatas y 24 aviones caza, fabricados por las empresas italianas Fincantieri y Leonardo.

La información fue revelada por el periodista Gerardo Reyes, director de Univisión Investiga, y reproducida por el periodista Daniel Coronell en su espacio Reporte Coronell de la emisora W Radio. Según dijo Reyes, los 80 millones iban a ser repartidos por mitades entre colombianos e italianos, pero el negocio se frustró por un desacuerdo en el monto de los sobornos.

La prueba que involucra al abogado en los millonarios sobornos es una llamada interceptada en la que hablan el ex primer ministro de Italia Massimo D’Alema y alguien que se presenta como intermediario del gobierno colombiano, que en ese entonces era presidido por Iván Duque, y que causó sorpresa: el exparamilitar Edgar Ignacio Fierro, alias ‘don Antonio’ o ‘101′.

Fierro, quien salió de la cárcel tras ocho años por una decisión de Justicia y Paz, es el mismo a quien hace unos años le decomisaron el computador de Jorge 40.

“Nos hemos comprometido nosotros y también Robert Allen (la firma estadounidense), que toda compensación cualquiera que sea el motivo por el cual sea recibida, se dividirá al 50 por ciento con la parte colombiana”, le dice el ex primer ministro de Italia al exparamilitar colombiano en la llamada, que fue publicada por el diario italiano La Veritá.

El periodista Reyes sostuvo una entrevista en la W Radio en donde sostuvo que las autoridades colombianas no han colaborado con este asunto. “No, no hay ninguna señal de que alguna autoridad en Colombia haya tenido colaboración. Hay que anotar que esta firma de abogados en Miami tiene una conexión con la DEA”, dijo.

Pese a que la investigación es ampliamente conocida, la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Francisco Barbosa, la ha ignorado.

La entidad dio a conocer varias pruebas que demostrarían que es real la versión del fiscal Francisco Barbosa sobre un supuesto plan para asesinarlo. Según la Fiscalía General de la Nación, es necesario que se tomen medidas de protección inmediatas, porque la vida de las personas involucradas en el caso corren un riesgo latente, y que parte del plan para los atentados se estaría organizando en Venezuela.

El ente investigador hizo público un amplio comunicado en donde se asegura que desde la Fiscalía existe una “profunda preocupación”, porque hay un largo antecedente de investigaciones que evidencia que el “Estado no ha ejercido con profunda capacidad”, ni le ha dado importancia al supuesto plan del ELN para asesinar a Barbosa.

“La Fiscalía ve con profunda preocupación que, ante todos estos antecedentes y otros elementos obtenidos en el curso de las investigaciones, la Comunidad de Inteligencia y los organismos de defensa del Estado no han ejercido una profunda capacidad de análisis y han restado trascendencia a información sensible sobre las pretensiones del ELN”, reza el comunicado.

Así mismo, se le pidió al Gobierno Nacional tomar las medidas necesarias para evitar un fatal desenlace y, a su vez, salvaguardar a las personas que estarían dentro de los planes macabros de la mencionada guerrilla, como son la senadora María Fernanda Cabal y el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro.

“En ese sentido, hace un llamado para que se verifique con rigurosidad este escenario de amenaza real y se tomen urgentes medidas en beneficio de la institucionalidad, la seguridad y la vida de las personalidades involucradas, y la ciudadanía en general”, se añadió desde el ente judicial.