El 25 de julio de 2022, en horas de la tarde cerca del corregimiento de Las Palmas, situado en la región rural de Sincelejo y en cercanía de Chochó, se produjo el fallecimiento de Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo Contreras. En este incidente, estuvieron involucrados 11 uniformados de la Policía Nacional, 10 de ellos fueron dejados en libertad.
Se trata de la subteniente María Camila Buriticá Valencia y los patrulleros Jesús María Bolaño Castro, Rafael Paz Barboza, Santiago Garavito Díaz, Álvaro Antonio Álvarez Ricardo, Yamit Alfonso Henao Araque, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestana, que fueron puestos en libertad debido al vencimiento de los términos legales.
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Estos individuos habían sido procesados por varios delitos graves, incluyendo homicidio agravado, tortura, privación ilegal de la libertad, alteración o destrucción de elemento material probatorio, falsedad en documento público y favorecimiento.
Cabe mencionar que el vencimiento de términos no implica necesariamente la absolución de los individuos involucrados en los delitos.
Detalles del crimen de los tres jóvenes
Jesús David Díaz se encontraba practicando acrobacias en su motocicleta junto a varios amigos. Mientras estas actividades se desarrollaban, a pocos kilómetros de distancia, en un establecimiento panadero en el municipio vecino de Sampués, el patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón resultó herido por arma de fuego en un ataque atribuido al plan pistola ejecutado por el grupo criminal Clan del Golfo, dirigido contra los agentes de la fuerza pública.
La gravedad del ataque contra el patrullero Ruiz, que falleció posteriormente debido a las heridas, condujo a la activación del llamado ‘Plan candado’, por lo que las autoridades procedieron a intervenir las vías que conectan con Córdoba, Sincelejo y Bolívar, con el objetivo de capturar a los responsables del atentado.
La Policía llevó a cabo una intervención en la zona rural de Sincelejo, precisamente donde los jóvenes realizaban acrobacias con sus motocicletas. Según la Fiscalía General de la Nación, la Policía respondió con disparos indiscriminados, hiriendo a Jesús David Díaz en la rodilla con un arma traumática.
Herido, Díaz logró llegar a su hogar en el corregimiento de Chochó, y en este punto, José Carlos Arévalo y Carlos Ibañez, amigos de Jesús David, llegaron a la casa y decidieron llevarlo en su motocicleta hasta el centro asistencial.
En ese momento, conforme con la versión presentada por la entidad acusadora, los jóvenes transitaban en motocicletas cuando fueron aprehendidos “sin ninguna razón” y coaccionados para acostarse en el suelo y luego “los policías empezaron a golpearlos hasta dejarlos gravemente heridos y sin posibilidades de defenderse”.
Luego de la agresión, la fuerza policial habría trasladado a los jóvenes a bordo de “una camioneta oficial de la institución”, dirigiéndose hacia un recorrido solitario para llevar a cabo su asesinato sin dejar rastros de evidencia.
De esta manera, en una ubicación distante de las áreas pobladas, el coronel Benjamín Núñez Jaramillo habría empleado 7 disparos con su arma de servicio, lo que resultó en la fatalidad de los jóvenes.
Conforme a lo expresado por la Fiscalía, el coronel utilizó su arma reglamentaria y “efectuó tres disparos a corta distancia a Carlos Ibáñez, alcanzándolo en su brazo, abdomen y tórax, además de disparar en una ocasión a José Carlos Arévalo en el tórax y en otra ocasión a Jesús David Díaz”.
Una vez verificó que estaban muertos, el coronel Núñez habría ordenado trasladarlos a la Clínica María Reina, donde llegaron sin vida y sin posibilidades de reanimación.
Pero las actuaciones ilegales de los uniformados no pararon ahí. Tras dejar en esa entidad los cuerpos, el patrullero Jesús María Bolaños habría contratado un mecánico al que le encargó “cubrir y ocultar” los orificios de bala que habían quedado en la camioneta.
Mientras tanto, otro de los oficiales preparó un oficio con información falsa que pretendía inculpar a los tres jóvenes y hacerlos pasar como personas dadas de baja en combate.
El coronel Nuñez fue el único policía condenado
El teniente coronel (r) de la Policía Nacional, Benjamín Darío Núñez Jaramillo, fue condenado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo en relación con el trágico caso que involucra la muerte de los jóvenes Jesús David Díaz Monterroza, José Carlos Arévalo Contreras y Carlos Alberto Ibáñez Mercado en Chochó, Sucre, el 25 de julio de 2022.
La sentencia impuesta al excomandante establece una pena de privación de la libertad de 29 años, así como una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2022. Además, le dictaron una inhabilidad para ejercer funciones públicas por un período de casi 30 años.
El coronel retirado, acusado de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y ocultamiento de material probatorio, había solicitado la detención domiciliaria en virtud de un preacuerdo con la Fiscalía; sin embargo, la solicitud fue denegada por un juez, lo que significa que Núñez Jaramillo cumple su pena en un centro de reclusión designado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).