Petro, 30 días después de su primer año de Gobierno: reformas, Paz Total y la ley de reconciliación nacional

El margen de maniobra político del presidente Gustavo Petro es reducido. Tras un primer año de mandato que empezó con fuertes aires de cambio (reflejados en la aprobación de la reforma tributaria y la ley de Paz Total) y terminó con incertidumbre por revelaciones de supuesta financiación ilegal de su campaña presidencial e investigaciones contra su círculo cercano familiar y de gobierno, para el segundo periodo volvió con otro paquete ambicioso de propuestas lideradas por un gran acuerdo nacional alrededor de sus reformas.

Esa es, justamente, la principal iniciativa planteada en los primeros 30 días de su segundo año presidencial: un diálogo tendido con todas las fuerzas sociales y políticas que permitan consensos alrededor de los proyectos por discutir en el Congreso (laboral, pensional y salud) y los que serán presentados en lo que quede de mandato, como la de transformación al sistema educativo. En medio de esa agenda surgió una nueva discusión, la de presentar un proyecto de ley de reconciliación nacional.

Más allá de las fuertes críticas que generó esta propuesta en la oposición y las dudas en sectores más moderados, desde el Gobierno respaldaron al presidente y aclararon que esta apenas es un esbozo de ley que quedó consignado en las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y que será presentada por el Ejecutivo. “Me causa cierta perplejidad que la idea de reconciliación nacional cause rechazo”, lamentó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ante las quejas de “impunidad” con grupos criminales.

Si bien no se ha presentado una ponencia ante el Legislativo para su discusión ya generó voces de respaldo y reproches. Sin embargo, Humberto de la Calle coincidió en que no se puede emitir un juicio hasta que se conozca un articulado oficial o al menos los objetivos de fondo. “No quiero adelantar mi opinión, pero sí llamar la atención sobre un camino que es extraordinariamente riesgoso”, advirtió el exjefe negociador del gobierno en el proceso de paz con las antiguas Farc.

El senador Iván Cepeda, por su parte, manifestó que no se puede relacionar este proyecto con uno centrado en la impunidad para actores al margen de la ley.

“Hay un grave equívoco en quien cree que al hablar de reconciliación se habla de una especie de borrón y cuenta nueva. No. Aquí de lo que se trata es de encontrar un camino que nos permita conciliar la verdad, la reparación de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidades con la necesidad de comenzar un camino hacia el futuro partiendo de esa base sólida de verdad”, manifestó en diálogo con Infobae Colombia el integrante de la delegación oficial en la mesa de diálogos con el ELN.

Dicha proposición –aseguró– no será discutida en la mesa de diálogos. “Habrá un momento para discutir el asunto de las víctimas, cuarto punto de la agenda, y llegará un punto en el cual se avoque el tratamiento de ese punto, pero aun la mesa no ha llegado allí”, añadió al respecto.

En los 30 días del segundo año de Gobierno la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentó un nuevo articulado tras el hundimiento del primero en la legislatura anterior. Una de las principales consignas era presentar el proyecto con mayor grado de consenso entre los gremios empresariales tras repetitivas advertencias de pérdidas de empleo en caso de ser aprobada. Las modificaciones en la licencia de paternidad y el inicio de la jornada nocturna hacen parte de las novedades respecto del anterior articulado.

También la cartera pretende, con la aprobación de esta reforma, “fortalecer las garantías de estabilidad laboral y formalización del empleo con justicia social, mediante la armonización de la legislación nacional con los estándares de la OIT –Organización Internacional del Trabajo–”, como lo señaló la funcionaria.

A esta reforma se suma la de la salud, cuya discusión será reanudada en la última semana de agosto según lo anunciado por el presidente de la Cámara, Andrés Calle. Si bien ya pasó el primer debate en la Comisión Séptima, la discusión quedó pausada desde la pasada legislatura por falta de cuórum y será reanudada en medio de una aparente crisis financiera en las EPS desmentida por el Gobierno y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

Aunque no está definido un documento oficial sobre el proyecto de reforma a la Ley 30 de educación superior, ya el Gobierno definió que presentará una iniciativa que tendrá como primer objetivo ampliar la cobertura educativa para jóvenes de menos recursos en el país. A diferencia de otras iniciativas, esta logró mayores consensos entre múltiples sectores.

Estudiantes, colectivos de jóvenes e instituciones universitarias públicas y privadas sostuvieron encuentros con la cartera al mando de Aurora Vergara en el primer mes del nuevo periodo presidencial para tramitar ante el Congreso una reforma con altas probabilidades de ser aprobada.

“Representantes de la sociedad civil, comunidades educativas, movimientos estudiantiles, profesorales y Rectores de universidades privadas han aportado valiosas perspectivas y propuestas en diálogos abiertos y eventos de discusión”, ha indicado la funcionaria desde inicios de agosto.

Tema aparte, en ese mes también fue expedido el decreto 1345 que puso en marcha el Sistema Transitorio de Equivalencias para el Régimen de Carrera Especial de los Dinamizadores Pedagógicos y Educadores Indígenas en Colombia, perteneciente al sistema de reconocimiento de los derechos de ascenso de docentes étnicos.

Tanto la oposición como la Procuraduría y la Fiscalía han mostrado amplios reparos a la Ley 2272 de 2022 que determinó la política de pacificación nacional y los mecanismos de diálogo y sometimiento con grupos armados ilegales.

Mientras que, por un lado, avanzan las conversaciones urbanas en Buenaventura, Quibdó y Medellín, así como el cuarto ciclo de conversaciones con el ELN; por el otro, la Corte Constitucional estudia cinco demandas contra esta ley por vicios de trámite. El senador Cepeda manifestó al respecto que en medio de los diálogos con esta guerrilla se han presentado avances, pero también bajas.

“Hay muchos avances –con relación a lo acordado–, no sin dificultades como ocurren en todo proceso de paz. Está lo denunciado por el fiscal que ha sido también objeto de una declaración supremamente clara por parte de los organismos de inteligencia y Defensa del Estado”, dijo sobre el presunto atentado que habría planeado el grupo insurgente contra Francisco Barbosa, Eduardo Zapateiro y María Fernanda Cabal.

Para el analista Mauricio Jaramillo, el Gobierno “empieza a meterle el acelerador” a esta política en medio de un contraste en las regiones: a pesar de las mesas instaladas y el cese al fuego bilateral, hay una crisis manifiesta de violencia en nueve regiones del país, según reportes de la Defensoría del Pueblo. Las disidencias de las antiguas Farc (como el Estado Mayor Central) y el Clan del Golfo son los principales perpetradores de estos hechos que amenazan con afectar las elecciones regionales de octubre.

Tras su discurso en la instalación del Congreso el 20 de julio, el presidente sostuvo varios encuentros con parte de la bancada del partido de La U que manifestaron apoyo a integrar el acuerdo, pero con reparos sobre la discusión y votación de las reformas. Dicha maniobra podría entenderse como un nuevo intento por volver a consolidar las mayorías con mayor impacto en sectores sociales, sobre todo los campesinos ante su carrera por implementar la reforma agraria.

“En su momento, la U fue clave en la paz con Juan Manuel Santos. Es un partido con una vena socialdemócrata y por eso Petro siente que, de los del centro, es uno de los que eventualmente tiene más compatibilidades ideológicas”, afirmó Jaramillo Jassir. Pese a las coincidencias ideológicas (y más allá de que la colectividad hace parte de la independencia al Gobierno), el analista mencionó otras motivaciones del mandatario para acercarse a la colectividad que milita en la independencia.

El partido “tiene maquinaria, y eso es importante no solo pensando en las reformas, porque –Petro– va a necesitar votos y bancadas, sino pensando en las elecciones regionales, donde creo que el Gobierno teme por que haya un resultado adverso del voto castigo”, añadió. Cepeda aseguró que todas las fuerzas políticas están dispuestas a hacer parte de esta propuesta que estaría ligada a los visos de un eventual proyecto de ley de reconciliación.

“Francamente observo que no hay ninguna corriente política que hasta el momento haya dicho que no está dispuesta a transitar hacia un acuerdo nacional”, sostuvo Cepeda, que también aseguró que, en medio de críticas, los gremios también han mencionado la idea de hacer parte de un pacto nacional.