Inteligencia financiera le seguirá la pista al lavado de activos en apuestas nacionales

Los recursos de los juegos de apuestas y azar son claves para el sostenimiento del sistema de salud, las pensiones y el fomento de la ciencia en Colombia. Son más de $700.000 millones que mueve el sector y a los que las autoridades le pondrán la lupa para garantizar que no sean objeto de lavado de activos.

Con ese propósito se firmó un acuerdo entre Coljuegos y la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf) para construir un sistema que impida, tanto el lavado de activos por medio de las actividades de azar, como la financiación del terrorismo.

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“Es un convenio que va a servir para todos, va a servir para tener claridad en dónde están y con quién estamos, que los recursos de los juegos y de quienes son las cabezas y de los jugadores sean totalmente transparentes”, explicó el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, a sus funcionarios y representantes de los gremios.

Hincapié también anunció que se estudia reformar el sistema de la administración de la entidad con una serie de decretos leyes que serán planteados al Gobierno nacional, con el propósito de fortalecer los mecanismos de seguimiento a la legalidad, entre los que hace parte el convenio interinstitucional firmado con la Uiaf.

“Este convenio es muy importante para nuestras entidades, es una sinergia necesaria para construir un marco normativo actualizado, con el cual se logre un sistema más robusto “antilavado” de activos y contra la financiación del terrorismo; todo ello se hará en un trabajo mancomunado, en el que por supuesto, intervendrán las diversas agremiaciones de juegos de suerte y azar”, sostuvo Luis Eduardo Llinás, director de la Uiaf.

El convenio le permitirá a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero conocer información del sistema de juegos de azar, del que hacen parte rifas, casinos, apuestas entre otros negocios, con el fin de detectar operaciones sospechosas para el blanqueo de capitales, así como a los delitos asociados y la financiación de grupos terroristas.

Garantizar la legalidad en el origen y destinación de los recursos los juegos de apuestas es clave porque aporta a diferentes carteras departamentales. “El sector de juegos de azar es uno de los bastiones en combatir la ilegalidad para generar muchas más rentas para la salud”, explicó Hincapié.

Según el más reciente reporte de Coljuegos, estas actividades aportaron más de 150.000 millones de pesos a los fondos municipales y departamentales; $480.000 millones a la Adres o el sistema de salud; más de $61.000 millones al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales y más de $45.000 millones al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Hincapié señaló que junto a los gremios han emprendido estrategias que “profundizan las buenas prácticas gerenciales y las garantías de transparencia de los dineros que se recaudan y se transfieren a la salud, y que, junto al convenio interinstitucional firmado con la Uiaf, respaldan el empeño por afianzar la imagen de empresarios que trabajan en la tarea de cumplimiento y juego responsable”.

Este convenio con la Uiaf hace parte de varios mecanismos que buscan fortalecer la supervisión de los juegos de azar en el país, como el paso del Siplaft al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo “Sarlaft”, con el que se busca brindar mayores garantías.

Así mismo se ha convocado a los gremios para fomenten gobiernos corporativos transparentes y cero tolerancias contra prácticas irregulares como el lavado de activos. Además, se han redoblado los esfuerzos para que todos los promotores de ese tipo de apuestas, concursos, premios, juegos entre otros cuenten con la autorización de la autoridad en la materia y no adelanten estas actividades fuera de la ley.

Uno de los llamados de Hincapié es que en las redes sociales hay influenciadores que, en busca de visibilidad, sortean carros, cirugías estéticas y hasta casas sin autorización de Coljuegos, lo que no los exime de responsabilidad e impide la verificación del origen de los recursos.