El anuncio de inclusión de narcotraficantes en un proyecto de reconciliación nacional, como lo refirió el presidente Gustavo Petro, prendió las alarmas de beneficios para los capos. Sin embargo, Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, sostiene que no habrá amnistía ni indulto y tampoco se adelantarán negociaciones con el narcotráfico.
Según dijo el presidente Petro en Ciénaga de Oro, se presentará una ley de reconciliación con diferentes sectores, entre los cuales también incluirá un “camino” para los narcotraficantes una vez dejen de lado sus actividades ilícitas. El proyecto, así planteado en un anuncio, dio la impresión de un marco jurídico para negociación con narcos.
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Sin embargo, el alto comisionado para la Paz sostiene que ese no es el propósito de la propuesta. “Asociar la posibilidad de una ley de reconciliación con un perdón judicial vicia los propósitos, condiciones e incentivos que pueda plantear la iniciativa”, sostuvo en diálogo con El Tiempo.
Según explicó Rueda, no se contemplan amnistías ni indultos, sino mecanismos de desmantelación efectiva de organizaciones criminales, grupos armados y economías ilícitas. “El propósito es paz sin impunidad”, aseguró el funcionario, con mecanismos permita la superación pacífica de los conflictos y la reafirmación de la ley, así como de los compromisos internacionales ratificados por Colombia en la lucha contra la criminalidad.
“Puede establecer incentivos jurídicos para que grupos criminales desmantelen sus actividades, por supuesto condicionados a ofrecer información efectiva de identificación de bienes, redes, infraestructura y responsables”, señaló el comisionado al diario citado.
La propuesta sería una herramienta adicional a la política de paz total que busca la negociación con diversos grupos armados, tanto para su desmantelamiento como su sometimiento a la justicia, que divide a los actores ilegales según su organización y origen.
Aunque el anuncio de la ley lo hizo el presidente, el proyecto lo estarían construyendo senadores y no propiamente una dependencia del Gobierno nacional. En ese sentido, al no ser una iniciativa del Ejecutivo, tendría que ajustarse a la política criminal y no podría modificarla.
“La Oficina de Paz no negocia con el narcotráfico”, señaló el alto comisionado para la Paz, quien agrega que al no conocer los detalles del proyecto de ley que se prepara, no ha tenido acercamientos con grupos a la luz de esa propuesta. “Nunca hemos negociado ni negociaremos”, ratificó Rueda.
Para el alto comisionado, la superación de las afectaciones del narcotráfico ha llegado al tejido social, institucional y ético del país, por lo que no podría estar fuera de una propuesta de reconciliación. El propósito es buscar un camino que conduzca a un reencuentro de todos los actores de la violencia para cesar el uso de las armas y suscribir acuerdos de verdad, justicia, reparación y no repetición.
“El perdón social no es impunidad, es una decisión colectiva”, que no busca hacer concesiones, sino de abordar los diferentes factores de inseguridad y violencia, así como de buscar las garantías del goce de derechos en todo el territorio nacional.
Como no se contemplaría excluir al narcotráfico de la aplicación de la justicia, Rueda descarta que Estados Unidos se oponga. Reitera que ese país respalda la política contra las drogas que ha replanteado el Gobierno nacional, que se basa en atacar los más altos niveles de la economía ilícita, mientras se ofrecen alternativas para los eslabones más vulnerables de la cadena.
Por ahora, falta conocer el proyecto de sujeción a la justicia que prepara el Gobierno nacional para presentar en los próximos meses, incluso con los ajustes que se han determinado en las mesas de negociación que instaladas con bandas y grupos armados. Así mismo, se está a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a la paz total.