El viceministro de Salud, Jaime Urrego, dio a conocer preocupantes cifras sobre la salud de las mujeres gestantes en Colombia. De acuerdo con sus datos, más de 100.000 no reciben todos los controles prenatales que se requieren.
“¿Saben cuántas mujeres se quedan con menos de cuatro controles prenatales? 120.000 cada año, la gran mayoría, afiliadas (...), entonces no le hacen la prueba del VIH, entonces no le aplican las vacunas que hay que aplicarle. O sea, la crisis es tremendamente grave y es criminal”, sostuvo el viceministro de Salud en una rueda de prensa.
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El funcionario explicó que el dinero para las mujeres embarazadas sí se ha entregado a las respectivas Entidades Promotoras de Salud (EPS). “La plata que se destina para eso, el número lo podemos ajustar después, es alrededor de 500.000 millones de pesos que se giran”, detalló Urrego.
De esos 500.000 millones de pesos, se dejan de gastar 90.000, aproximadamente, de acuerdo con el funcionario. Además de eso, por lo menos 100.000 de las mujeres gestantes afiliadas en las EPS terminan, en el último trimestre, con complicaciones categorizadas como morbilidades maternas extremas.
“Se le agravan las enfermedades, la hipertensión arterial, la diabetes, etcétera ¿Saben cuánto vale atender esa enfermedad? Cerca de un billón de pesos”, sostuvo el viceministro de Salud.
Dichas complicaciones pueden evitarse por medio de los controles prenatales, sin embargo, Urrego argumentó que los chequeos no se están haciendo porque “se gastan la plata en otra cosa”.
“No hacen el control prenatal para el cual se le da la plata, en el que se detecta y se puede prevenir que esa hipertensión no se vuelva una complicación en el último trimestre, o esa azúcar medírsela para que se dé cuenta de que puede tener una diabetes y que no se complique. Eso no se hace”, explicó el funcionario.
Así las cosas, el Estado, como el único asegurador, tiene que responder económicamente por las 100.000 mujeres que presentan complicaciones, lo que equivaldría a 900.000 millones de pesos de giro adicional destinados a atenderlas. Sin embargo, algunas de ellas mueres como consecuencia de sus graves estados de salud y el Estado no puede cumplir con los indicadores que se le exigen.
Estos datos surgen luego de que tres EPS pusieran sobre la mesa problemáticas financieras que ponen en duda el funcionamiento de estas desde septiembre de 2023. De acuerdo con Sanitas, Sura y Compensar, las entidades que se pronunciaron al respecto, los recursos que el Estado tiene asignados para la atención en salud de los afiliados no son suficientes.
“Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8 % respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7 %”, argumentaron las EPS en una carta enviada al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Las polémicas declaraciones de las entidades, en las que aseguran que 13 millones de usuarios podrían verse gravemente afectados, fueron desmentidas por el ministro de Salud, quien dijo que no se puede “hablar de crisis donde no las hay”.
El 25 de agosto, el Ministerio anunció que el presupuesto para la Salud aumentó en un 25.4% y para la unidad de pago por capitación (UPC), que es el monto asignado por cada afiliado, en un 16%. “Este es un esfuerzo supremamente grande en el presupuesto: saltar de 40 billones a 51 billones, casi un aumento de 11 billones”, sostuvo el ministro Jaramillo.