Durante los años 80, la historia de Colombia estuvo marcada por la aparición y predominio del narcotráfico en la vida pública nacional. La aparición en escena de los carteles de Medellín y Cali tuvo un impacto en distintos ámbitos de la sociedad, la política y la economía de un país que lidiaba con la alta inflación y problemas de inequidad e infraestructura. Pablo Escobar era el rostro más visible de estos capos que con su dinero y su terror marcaron a fuego (literalmente) ese periodo.
Antes del 25 de agosto de 1983, el antioqueño era un pujante empresario que se abrió paso en la política gracias a que patrocinó la construcción de varios campos de fútbol a lo largo de Medellín. Esa visibilidad le permitió aliarse con Jairo Ortega Ramírez en su objetivo de llegar a la Cámara de Representantes, lo que logró en 1982. Pero ese día, una nota publicada en el diario El Espectador y firmada por su entonces director, Guillermo Cano, lo mostró ante el país como uno de los criminales más buscados por los Estados Unidos. Sin saberlo, a partir de esa fecha Colombia había comenzado oficialmente su lucha contra los cárteles del narcotráfico.
Todo comenzó en junio de 1976, cuando Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria fueron detenidos junto a otros cuatro narcotraficantes en Itagüí, tras encontrarse 39 libras de cocaína camufladas en una llanta.
El periodista Rodrigo Pareja publicó la noticia en la sección judicial de El Espectador con la foto del capo siendo procesado por el hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Esta no tuvo mayor impacto en su momento, debido a que todavía el narcotráfico no había alcanzado los niveles de organización y eficacia que si tuvo después. El proceso prescribió y Escobar no tardó en ser liberado. De ese modo, por años nadie se enteró de las verdaderas actividades del que se hacía pasar por un pujante empresario con inversiones agropecuarias y un marcado interés en participar de obras benéficas en las zonas deprimidas de la capital antioqueña.
Volviendo a 1983, el nivel de popularidad de Escobar era tan grande que para ese momento gozaba de un escaño en la Cámara de Representantes como suplente de Jairo Ortega, por el Movimiento Alternativa Liberal. En ese momento, Escobar protagonizaba un cruce mediático con el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, debido a que este señaló públicamente y por primera vez sus vínculos con el narcotráfico. Escobar amenazó con denunciarlo por calumnia e intentó vincularlo con Evaristo Porras, un capo socio del propio Escobar, por un cheque que supuestamente había recibido de él, sin éxito.
Mientras tanto, una fuente avisó a Luis de Castro, editor de la sección judicial de El Espectador, que la fotografía de Escobar arrestado seis años atrás por narcotráfico se encontraba en el archivo gracias a la nota que hizo Rodrigo Pareja en 1976. Al conocer esta información, Guillermo Cano, junto con su investigador de cabecera, Fabio Castillo, comenzaron a buscar en los archivos, hasta que dieron con la foto y la nota de Pareja.
Tras cotejar esa información con el DAS, se enteraron de varios hechos que ensombrecieron todavía más la figura del entonces parlamentario: los investigadores asignados al caso de narcotráfico en Itagüí, Gildardo Hernández Patiño y Luis Fernando Vasco, fueron asesinados. La jueza encargada del caso recibió múltiples amenazas de muerte, y el abogado de Escobar solicitó que el caso se trasladara a Pasto, pues de allí salió la droga que le fue incautada en Itagüí. Determinar la jurisdicción que llevaría el caso tomó varios meses y cuando la Corte Constitucional ordenó que Medellín se encargara del caso, ambos capos ya habían quedado en libertad y nunca volvieron a ser detenidos.
Con toda esta información en su poder, el 25 de agosto de 1983 El Espectador publicó en primera plana la fotografía de Escobar procesado y la confirmación de eso que durante los meses anteriores apenas se rumoreaba: entre los representantes a la Cámara había un capo de la droga en toda la regla.
Las consecuencias no tardaron en hacerse sentir. Apenas días después de la publicación le fue revocada su inmunidad parlamentaria, los Estados Unidos le revocaron su visa como turista y la DEA lo puso oficialmente en su lista de los más buscados como narcotraficante.
Escobar huyó, y gracias a la revelación de Cano, Lara Bonilla que tenía su puesto en duda por la posibilidad de ser demandado por calumnia o por estar vinculado al narcotráfico, se mantuvo como ministro de Justicia y tuvo plenas facultades para diseñar las primeras políticas dirigidas a combatir el narcotráfico en Colombia.
Apenas días después de la publicación, el juez décimo superior de Medellín, Gustavo Zuluaga Serna, dictó orden de captura contra Escobar y Gustavo Gaviria, por su responsabilidad en el asesinato de los investigadores del caso de 1976. Paralelamente, el coronel y jefe de la división de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Jaime Ramirez, lideró el que todavía hoy es considerado como uno de los grandes golpes al narcotráfico, cuando se destruyó el complejo de fabricación de cocaína conocido como Tranquilandia, ubicado en el Guaviare, el 5 de marzo de 1984.
Mientras se escondía de las autoridades, Escobar se cobró venganza contra todos los que lo habían desenmascarado, iniciando una guerra contra las ramas del poder colombiano. Desde políticos hasta periodistas, el cartel de Medellín comenzaría a intimidar y asesinar distintas figuras de la vida pública que se interponían en su camino. Lara Bonilla fue el primero, el 30 de abril de 1984. A partir de entonces se recrudeció el terrorismo como método de disuasión por parte del grupo narcotraficante, y es así que a lo largo de 1986 fueron asesinados Gustavo Zuluaga (en ese momento magistrado), el coronel Jaime Ramírez, y por último Guillermo Cano, el hombre que desenmascaró a Pablo Escobar, el 17 de diciembre de 1986.