Piden abrir incidente desacato contra la Sala de Reconocimiento de la JEP: ¿por qué?

La Procuraduría había interpuesto una tutela para reclamar el amparo de los derechos fundamentales a la verdad y al acceso a la justicia de las víctimas

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La Procuraduría radicó una tutela
La Procuraduría radicó una tutela a la JEP para que se haga efectiva la anunciada priorización del macrocaso que investigará entre otros casos, el de violencia sexual y basada en género durante el conflicto armado - crédito JEP

La Procuraduría General de la Nación pidio a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrir un incidente de desacato contra la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Determinación de Hechos y Conductas (SVRV) de este tribunal, por incumplir con el plazo ordenado para dar inicio al macrocaso 11 que investigará crímenes relacionados con violencia sexual y violencias basadas en género en el marco del conflicto armado.

La Sección de Revisión de la JEP le había otorgado un plazo de 30 días hábiles a la Sala de Reconocimiento para decidir sobre la priorización del macrocaso 11, tras una tutela que interpuso el Ministerio Público ante la persistencia en la vulneración de los derechos fundamentales a la verdad y al acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual y violencias basadas en género.

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En su escrito, la Procuraduría precisó que el ejercicio judicial que ha desarrollado la SVRV en esta materia, no ha acercado a la JEP al cumplimiento de la investigación, juzgamiento y sanción, de acuerdo con los mandatos diferenciales que la rigen.

De esta manera, el 16 de junio de 2023, la Subsección Quinta de la Sección de Revisión tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en un plazo que consideró razonable de las víctimas de estos crímenes.

La sección concluyó que el tiempo que ha transcurrido desde que se inició la fase de agrupación y concentración del Caso 11, sin que se haya definido aún su priorización, resulta desproporcionado y trasgrede los derechos de las víctimas.

Así mismo, la sección consideró que ha habido incumplimiento del principio de estricta temporalidad y se ha vulnerado el derecho constitucional de las víctimas de violencia sexual a la debida diligencia. También, las obligaciones internacionales del Estado para investigar y sancionar estos hechos.

El 14 de agosto de 2023, la Procuraduría pidió explicaciones ante el incumplimiento del plazo otorgado para dar inicio al macrocaso 11. Los cuatro procuradores delegados ante la JEP aseguraron que transcurrieron 36 días hábiles desde que fue comunicado el fallo de tutela que amparó el acceso a la administración de justicia, en un plazo razonable, así como la garantía de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de estos atroces crímenes.

Como a la fecha no se ha iniciado la etapa de investigación de los hechos relacionados con el macrocaso 11, el 22 de agosto de 2023 la Procuraduría envió una solicitud a la JEP para que inicie un incidente de desacato en contra de la Sala de Reconocimiento del tribunal de paz.

En la solicitud, el Ministerio Público argumenta que, aunque la SVRV solicitó a la Sección de Apelación de la JEP suspender la orden de iniciar las investigaciones que corresponden al macrocaso en un plazo de 30 días (a partir del 16 de junio), la petición fue negada por considerarse inconstitucional.

Ante esto, señalan que han transcurrido 42 días hábiles sin que la Sala de Reconocimiento haya dado cumplimiento a la orden del juez de tutela.

Diferentes organizaciones han presentado sus
Diferentes organizaciones han presentado sus informes ante la JEP para la priorización del macrocaso 11 - crédito Jesús Áviles/Infobae

En julio de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura del macrocaso 11, mediante el cual se priorizará la investigación de los hechos de “violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de las víctimas durante el conflicto armado” en Colombia.

La decisión se registró tras la petición de diferentes organizaciones ante la JEP, que presentaron informes en los que denunciaron casos de violencia sexual y otros crímenes de género cometidos durante el conflicto armado por parte de diferentes actores armados.

A esta solicitud se sumó la de la Defensoría del Pueblo que le pidió a la justicia transicional un macrocaso en el que se priorizaran estos hechos que habrían dejado cerca de 35.000 víctimas en el país.

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