La Corporación Excelencia en la Justicia rechaza que Emilio Tapia esté detenido en una casa fiscal

El pasado 23 de agosto, se informó que el juez primero promiscuo del municipio de Malambo, Franklin de Jesús Bedoya Mora, ha tomado una decisión significativa: sancionar a dos oficiales del Ejército Nacional por no cumplir con una instrucción impartida en junio para el traslado de Emilio Tapia al Batallón Vergara y Velasco.

La controversia se originó el 9 de junio, cuando el mismo juez ordenó el traslado de Tapia, quien se encuentra detenido en la penitenciaría de El Bosque en Barranquilla. La decisión fue en respuesta a una acción de tutela presentada por la esposa e hijos del excontratista.

Inicialmente, los militares argumentaron que el traslado no era posible debido a que el espacio para reclusos estaba ocupado por la excongresista Aida Merlano, quien fue traída desde Venezuela hace varios meses.

Ante el incumplimiento de la orden, el juez finalmente sancionó al teniente coronel Mauricio Calvo, jefe de la guarnición militar de Malambo, con tres días de arresto en la estación de Policía del municipio y una multa de cinco salarios mínimos. Igualmente, el brigadier general Jaime Eduardo Torres, director del Comando de Personal, recibirá la misma multa.

Además de las sanciones, el juez ha dispuesto compulsar copias a la Procuraduría Provisional de Barranquilla y a la Fiscalía General de la Nación, para que investiguen disciplinaria y penalmente a estos dos uniformados. También ha reiterado la orden de traslado para Tapia.

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) emitió un comunicado en contra de las determinaciones del juez, oponiéndose a que Emilio Tapia permanezca detenido en una casa fiscal. La CEJ argumenta que Tapia no cumple con los requisitos para condiciones especiales y que albergarlo en esas condiciones va en contra de la ley colombiana.

La corporación manifestó que respalda las condenas y su cumplimiento adecuado según la gravedad de los delitos. Subraya que no se puede forzar al Ejército Nacional a prevaricar en la ejecución de la pena, y considera que el fallo del juez adolece de un defecto material al presentar contradicciones entre los fundamentos del derecho y la decisión tomada.

La CEJ anunció que solicitará a las instancias disciplinarias que realicen las investigaciones necesarias y, si es apropiado, impongan sanciones contra el juez Bedoya Mora.

Es importante recordar que hace semanas, Tapia propuso una reparación en el proceso en su contra por el escándalo de Centros Poblados, una propuesta que ha generado controversia. A través de su defensa, reveló la intención de entregar el porcentaje de un lote en una zona exclusiva de la ciudad de Santa Marta. Además, se ha conocido que el excontratista busca diversas rebajas en su situación legal, lo que ha generado atención debido a sus antecedentes.

En julio de 2023, la Procuraduría en Barranquilla ha solicitado al Ejército Nacional que traslade a Emilio Tapia al Batallón Militar de Malambo, en el área metropolitana de la ciudad, lo antes posible, según un requerimiento enviado por la entidad.

El Ministerio Público ha estado presente en la institución militar para verificar el cumplimiento de la sentencia de Tutela emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo el 3 de junio de 2022, que concedió el amparo al empresario y aún no se ha hecho efectivo.

La excongresista Aida Merlano ya se encuentra en el lugar y la orden emitida tras la tutela es que Tapia también sea trasladado allí. El escrito indica: “Al Teniente Coronel Mauricio Calvo Restrepo, o a quien haga sus veces, para que, dentro del término de la distancia y en uso de sus facultades legales, le asigne un cupo al PPL Emilio José Tapia Aldana, que cuente con las medidas y garantías necesarias para salvaguardar su integridad personal a las que tiene derecho, por mandato constitucional”.

Según lo manifestado por la Procuraduría, el director del Batallón de Ingenieros de Combate Vergara y Velasco también deberá asegurar el cumplimiento del traslado en el término establecido por la distancia, “de acuerdo con lo reglado en el Art. 27 del Decreto 2591 de 1991 y para que en su contra adelante el correspondiente proceso disciplinario por renuencia al cumplimiento del fallo de tutela en este asunto proferido”.

En ese momento, Emilio Tapia se encontraba en la cárcel el Bosque en Barranquilla, después de ser acusado por la Fiscalía de ser una figura clave en un esquema de apropiación de recursos públicos destinados a proporcionar tecnología y redes de internet a miles de niños en zonas remotas del país.

Por esta razón, su familia presentó la tutela para que Tapia esté más cerca de ellos, invocando “sus derechos a la unidad familiar, el interés superior del menor, la igualdad y la dignidad humana”, considerando que se encontraba en el pabellón de Reclusión Especial de la Penitenciaría de El Bosque y debía ser trasladado al municipio de Malambo.