Las disidencias de las Farc confirmaron, el 24 de agosto, que tienen en su poder a los soldados Edwer Paz Pantoja y Nelson Vásquez Reina, que fueron secuestrados el 18 de agosto en la vereda La Herradura del municipio de Cumbitara (Nariño). Casi una semana después, la guerrilla entregó una prueba de supervivencia en la que aseguran que los uniformados están en buen estado de salud.
De acuerdo con información de Noticias Caracol, hasta el momento no se han entablado diálogos o contactos entre las autoridades y las disidencias para gestionar la liberación de los uniformados.
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Sin embargo, horas después de que se conociera el secuestro, el 18 de agosto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que la oficina del alto comisionado para la Paz está interviniendo para buscar su liberación.
“Sabemos que los soldados secuestrados por las FARC en Nariño están con vida y que hay una intervención de la oficina del comisionado para La Paz con el fin de buscar su liberación”
También dijo: “Estamos en una circunstancia donde el Comando Mayor Central está presionando para un cese, pero no hay interés solo en un cese. Si está de por medio el bienestar de las comunidades, el Gobierno está en disposición de convenir el cese al fuego y de hostilidades con ellos”.
Según informaron desde la Tercera División del Ejército, los soldados Edwer Paz Pantoja y Nelson Vásquez Reina se desempeñan como conductores en la Institución y en el momento de los hechos “se desplazaban en dos vehículos oficiales sobre la vereda La Herradura, municipio de Cumbitara, Nariño, luego de realizar el movimiento de las tropas que reforzaron el despliegue operacional en esa zona del departamento ante las confrontaciones que mantienen grupos armados organizados”.
Los secuestradores eran, de acuerdo con información preliminar del Ejército, “sujetos que portaban armas y que se identificaron como integrantes del grupo armado residual Franco Benavides, que detuvieron los vehículos, y es ahí cuando secuestran a los soldados profesionales”. Tras secuestrar a los uniformados, incineraron los dos vehículos oficiales.
Antes de que se conociera el secuestro de los dos soldados en Nariño, el director general de la Policía Nacional, general William Salamanca, alertó de que la institución recibió información de un plan pistola por parte de las disidencias de las Farc en Cauca, Nariño y Norte de Santander. De acuerdo con el alto oficial, la institución está en alerta máxima.
El Ejército y las autoridades de la región rechazaron el secuestro y exigieron la liberación de los uniformados:
“El Ejército Nacional rechaza de manera rotunda estos hechos, y serán instauradas las denuncias correspondientes ante la autoridad competente, dado que esta acción criminal es una flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario”
En X (antes Twitter) reiteraron que el secuestro es una violación al derecho internacional humanitario: “Exigimos la liberación de nuestros soldados Edwer Paz Pantoja y Nelson Vásquez Reina, secuestrados en área rural del municipio de Cumbitara, Nariño, por el GAO-r Franco Benavides. Rechazamos esta acción criminal que viola los derechos humanos e infringe el derecho internacional humanitario”.
Al día siguiente, el 19 de agosto, en Pasto (Nariño) el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lideró un consejo de seguridad en el que anunció un plan de choque para atender fenómenos criminales y proteger la vida de los colombianos en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en coordinación entre autoridades civiles y uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
“Se hizo un seguimiento a los compromisos que se habían adquirido desde el pasado 24 de junio, que venían desarrollándose en estos meses y que tienen que ver con la situación de seguridad, la represión a las organizaciones armadas ilegales, el control, la persecución que se tiene y que es la disposición del Presidente de la República para afectar las economías ilegales”, dijo el ministro al terminar el consejo de seguridad
Durante más de seis horas, el ministro Velásquez, junto a los altos mandos de la fuerza pública y los comandantes de la región, analizaron acciones para atender el recrudecimiento de la violencia en el sur del país, que a la fecha deja cerca de 350 familias desplazadas en municipios como La Llanada y Samaniego.