Desnutrición infantil: hay preocupación por cerca de 400 casos registrados en Córdoba

Los casos reportados por la entidad hacen referencia a desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años durante el primer semestre de 2023

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Según el Instituto Nacional de
Según el Instituto Nacional de Salud, el 2022 fue el año con el mayor número de muertes notificadas por desnutrición infantil con 308 casos - créditos AP/Fernando Vergara

El panorama de la desnutrición infantil es cada vez más preocupante en Colombia. En varias regiones del territorio nacional se ha venido evidenciando un aumento de esta problemática, que afecta principalmente a los niños y niñas.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud, en Colombia, entre 2020 y 2022 se notificaron 665 muertes por desnutrición aguda y/o causas asociadas en niños y niñas menores de cinco años de edad. Durante este periodo, 2022 fue el año con el mayor número de muertes notificadas con 308 casos.

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En la más reciente observación de la Defensoría del Pueblo sobre los casos de desnutrición infantil, la entidad evidenció una crítica situación en el departamento de Córdoba.

En el reporte de las conductas vulneratorias de derechos en todo el país, para el periodo entre enero y julio de 2023 del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría, indicó que son 394 casos notificados de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años en el departamento de Córdoba.

La desnutrición infantil también ha
La desnutrición infantil también ha afectado a los pueblos indígenas Zenú y Embera Katío, asentados en su mayoría sobre los ríos Sinú, Esmeralda y Río Verde - crédito Defensoría del Pueblo

“Es preocupante, además, la tendencia del 95% de los casos en el estrato socioeconómico uno, lo cual refleja las violencias estructurales y la situación de orden público actual, que impactan directamente en los derechos a la vida, salud y alimentación de las comunidades más vulnerables”, precisó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La Defensoría también alertó que esta problemática ha afectado a los pueblos indígenas Zenú y Embera Katío, asentados en su mayoría sobre los ríos Sinú, Esmeralda y Río Verde. En estas comunidades se han registrado 49 casos de desnutrición infantil.

Además, debido a la enfermedad y causas asociadas y, según datos preliminares del Instituto Nacional de Salud, fueron reportadas cuatro muertes de menores de 5 años.

Por otra parte, la Defensoría evaluó lo relacionado al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Córdoba. Sus observaciones evidenciaron que al ser suspendido el servicio en algunos de sus municipios hasta el 13 de junio de 2023, resultaron afectados 156.690 estudiantes.

Las quejas por vulneración a los derechos humanos son cada vez más frecuentes

La Defensoría del Pueblo registró, para el primer semestre de 2023, un total de 829 quejas por lo que sería la vulneración de los derechos humanos en Córdoba. La ciudad de Montería fue la que más casos reportó, con 369.

Según las cifras entregadas por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, las quejas se distribuyen por motivo de la siguiente manera:

  • Derecho a la salud (50,1% de total de las quejas)
  • Derecho a la vida (15,9%)
  • Acceso a servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna (4,5%)
  • Presunta vulneración de derechos de la niñez (3,3%)
De acuerdo con la Defensoría
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, una de las consecuencias del conflicto armado en las zonas rurales de Córdoba es el desplazamiento masivo forzado - crédito Corte Constitucional

El informe presentado por la entidad también detalla el aumento de algunas prácticas que refuerzan el conflicto armado en Córdoba. La Defensoría alertó por el fortalecimiento de actividades económicas ilícitas; entre ellas, el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos.

Además, se evidencia como uno de los aspectos críticos del conflicto armado en la región: el asesinato de líderes sociales. En Córdoba se registraron seis homicidios de líderes durante los primeros seis meses del año.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, una de las consecuencias del conflicto armado en las zonas rurales del departamento es el desplazamiento masivo forzado. En el municipio de Tierralta se presentó un evento con 64 familias (y un total de 155 personas) desplazadas.

“Insistimos a la institucionalidad y a las autoridades: es determinante implementar las medidas necesarias para que no sigan siendo vulnerados los derechos de las comunidades. Así mismo, es imperativo atender las recomendaciones que hemos entregado a través de nuestras Alertas Tempranas emitidas desde enero hasta la fecha”, puntualizó el defensor del Pueblo.

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