Defensor del Pueblo le pidió a Gustavo Petro “coger el toro por los cuernos”: ¿qué pasó?

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta el pasado 23 de agosto de 2023 en la que advirtió del riesgo electoral en varios municipios del país.

La Alerta Temprana 030 del 2023 señala que hay 286 municipios con un riesgo alto de sufrir alteraciones de orden público en medio de los comicios electorales: 113 en alerta máxima, 184 en nivel medio y 93 en bajo. Con esas cifras, serían 616 las poblaciones en Colombia con proximidades de hechos violentos por parte de grupos armados ilegales.

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“Son 399 municipios los que presentan riesgo extremo y alto de vulneraciones a los derechos humanos, por cuenta de la injerencia de los grupos armados. Hoy por hoy, lo que menos le sirve al país es generar enfrentamientos entre las instituciones. Por el contrario, debemos acudir al principio de colaboración armónica, para trabajar de manera articulada y conjunta en combatir a los ilegales, a los criminales, a los violentos, a quienes buscan poner en riesgo nuestra democracia”, dijo el defensor Carlos Camargo.

Luego de que se diera a conocer las alarmantes cifras de la Defensoría del Pueblo, el presidente Gustavo Petro salió a contradecir dichos números. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario dijo: “No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional”.

También aprovechó para enviar una pulla a gobiernos anteriores sobre la violencia que, según él, heredó el actual Gobierno: “Heredamos una violencia innecesaria por ‘hacer trizas la paz’ pero la sociedad colombiana ha decidido la paz y lo logrará”, puntualizó Petro.

Ante el desconocimiento de las cifras presentadas por parte del presidente Petro, el defensor Carlos Camargo le reclamó que se tome en serio las alertas tempranas emitidas “con objetividad y para garantizar la integridad del proceso electoral en cada región”.

“Le mostré personalmente al Presidente de la República las complejidades de la situación en los territorios que nosotros hemos evidenciado directamente con las comunidades. Por lo tanto, soy optimista de que el Presidente tomará al toro por los cuernos, y liderará la respuesta institucional a nuestra alerta temprana 030-20232″.

Además, advirtió del riesgo por situaciones de reclutamiento forzado, confinamientos y homicidios que tienen en alerta máxima algunas regiones del país.

“Hoy estoy advirtiendo unos riesgos en materia de amenazas a candidaturas, candidatos, al certamen electoral como tal. Advierto situaciones de reclutamiento forzado, situaciones de homicidios (…). Llamo la atención y sirvo de caja de resonancia a todas las instituciones, comenzando por el señor presidente, a que nos movilicemos como institucionalidad a tomar las decisiones”, concluyó el funcionario.

Municipios y ciudades con mayor riesgo electoral

De acuerdo con el informe presentado por la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo electoral en varias regiones del país, la entidad sostuvo que las causas son falta de control territorial, reflejada en posible ausencia de la fuerza pública y alta presencia de grupos armados ilegales.

Para la Defensoría del Pueblo, el mapa de alto riesgo previo a las elecciones está conformado por Arauca, Catatumbo (Norte de Santander), Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Urabá y Bajo Cauca antioqueño, Chocó, Cauca (incluyendo algunos municipios de Valle del Cauca), Nariño, Caquetá y la Orinoquía. En estas zonas del país también habría dificultades para que los candidatos hagan sus campañas.

Las principales ciudades en las que existe riesgo extremo son Arauca (departamento de Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá (cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz).

“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, señaló Carlos Camargo, defensor del Pueblo.