La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que continúe con la licitación pública para el suministro de pasaportes en Colombia. El 31 de julio de 2023, mediante la resolución número 5778, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, anunció la suspensión del proceso. Sin embargo, el organismo de control aseguró que no hay razón para no seguir con la licitación.
“La audiencia pública, que debía celebrarse el pasado 1 de agosto, no se realizó porque se interpuso una acción popular, alegando vulneración a la protección de derechos e intereses colectivos, a la moralidad administrativa, a la libre competencia y al patrimonio público, y se suspendió el proceso de selección”, explicó el organismo de inspección y vigilancia en una comunicación.
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De acuerdo con la entidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó dicha acción popular que se interpuso para frenar el proceso, y, en ese sentido, la licitación debería continuar.
“El ente de control no encuentra razón para que el proceso licitatorio siga suspendido, por lo que ha pedido al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores que avance con el proceso, toda vez que esto podría generar tropiezos en el normal desarrollo de la prestación del servicio con la entrega de pasaportes”, sostuvo la PGN en el comunicado.
Por su parte, la Contraloría General de la República también se pronunció al respecto, advirtiendo al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los riesgos que supone mantener el proceso de licitación suspendido.
“Entre las situaciones que pueden presentarse está la parálisis o al menos intermitencia en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, tanto en el territorio nacional como en el exterior, pues este no se prestaría bajo condiciones de oportunidad, y así los recursos destinados para la prestación del servicio no cumplirían con su fin”, señaló el vicecontralor en funciones de contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga.
Por eso, la entidad pidió al fondo tomar las medidas necesarias para evitar que se genere un posible detrimento patrimonial y que se cumpla con la contratación de quien será responsable del suministro de los pasaportes.
La suspensión de la licitación pública
La licitación pública suspendida buscaba adjudicar el contrato para lo siguiente: “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libreta de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios tan fijos unitarios y sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio de la Cancillería”.
Sin embargo, el proceso para lograr tener un contratista ha presentado varios problemas y quejas por parte de los oferentes que buscaban ganar el contrato. Señalaron que una empresa a la que se le ha adjudicado dicho contrato durante los últimos 17 años, Thomas Greg & Sons (TGS), estaba siendo favorecida por la Cancillería mediante los requisitos que se establecían para los interesados en el contrato.
En su momento, la Cancillería tuvo que revisar 104 observaciones que hicieron las empresas que se postularon para el proceso. Pues, los alegatos de que no se estaba garantizando una competencia libre y justa llevaron a una suspensión temporal de dicho proceso, por lo que el Ministerio tuvo que analizar las quejas y luego, reanudarlo.
“El Ministerio garantiza un proceso democrático, participativo, transparente, con plena garantía para todos los interesados, que tendrá como resultado el mayor beneficio para la administración pública al menor costo posible”, aseguró la cartera para entonces.
Ahora bien, la licitación fue suspendida (por segunda vez) a solo 24 horas de que el contrato fuera adjudicado a la cuestionada empresa TGS, porque, justamente, resultó siendo la única oferente. Esta situación fue la que impulsó a que se interpusiera una acción popular para frenar el proceso por falta de garantías para la libre competencia. Se necesitaba entonces la revisión del Tribunal, que rechazó la acción popular y, en esa medida, la Procuraduría pidió que se continúe con el proceso de licitación.
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